Constitucion de Cuba, Constitucion de la Republica de Cuba, Constitucion de Cuba, Constitucion de la Republica de Cuba.
Constitucion de Cuba
PREÁMBULO
NOSOTROS, EL PUEBLO DE CUBA,
inspirados en el heroísmo y patriotismo de los que lucharon por una Patria
libre, independiente, soberana, democrática, de justicia social y solidaridad
humana, forjada en el sacrificio de nuestros antecesores;
por los aborígenes que se resistieron a la sumisión;
por los esclavos que se rebelaron contra sus amos;
por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y
libertad;
por los patriotas que a partir de 1868 iniciaron y participaron en nuestras
luchas independentistas contra el colonialismo español, y a los que en el último
impulso de 1895 les fuera frustrada la victoria al producirse la intervención y
ocupación militar del imperialismo yanqui en 1898;
por los que lucharon durante más de cincuenta años contra el dominio
imperialista, la corrupción política, la falta de derechos y libertades
populares, el desempleo, la explotación impuesta por capitalistas,
terratenientes y otros males sociales;
por los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras organizaciones
de obreros, campesinos y estudiantes; difundieron las ideas socialistas y
fundaron los primeros movimientos revolucionarios, marxistas y leninistas;
por los integrantes de la vanguardia de la Generación del Centenario del
natalicio de Martí, que nutridos por su magisterio nos condujeron a la victoria
revolucionaria popular de enero de 1959;
por los que, con el sacrificio de sus vidas, defendieron la Revolución y
contribuyeron a su definitiva consolidación;
por los que masivamente cumplieron heroicas misiones internacionalistas;
por la resistencia épica y unidad de nuestro pueblo;
GUIADOS
por lo más avanzado del pensamiento revolucionario, antiimperialista y marxista
cubano, latinoamericano y universal, en particular por el ideario y ejemplo de
Martí y Fidel y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin;
APOYADOS
en el internacionalismo proletario, en la amistad fraternal, la ayuda, la
cooperación y la solidaridad de los pueblos del mundo, especialmente los de
América Latina y el Caribe;
DECIDIDOS
a llevar adelante la Revolución del Moncada, del Granma, de la Sierra, de la
lucha clandestina y de Girón, que sustentada en el aporte y la unidad de las
principales fuerzas revolucionarias y del pueblo conquistó la plena
independencia nacional, estableció el poder revolucionario, realizó las
transformaciones democráticas e inició la construcción del socialismo;
CONVENCIDOS
de que Cuba no volverá jamás al capitalismo como régimen sustentado en la
explotación 2 del hombre por el hombre, y que solo en el socialismo y en el
comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena;
CONSCIENTES
de que la unidad nacional y el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, nacido
de la voluntad unitaria de las organizaciones que contribuyeron decisivamente al
triunfo de la Revolución y legitimado por el pueblo, constituyen pilares
fundamentales y garantías de nuestro orden político, económico y social;
IDENTIFICADOS
con los postulados expuestos en el concepto de Revolución, expresado por nuestro
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el 1ro de mayo del año 2000;
DECLARAMOS
nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este
profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí: “Yo quiero que la ley primera de
nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”;
ADOPTAMOS
por nuestro voto libre y secreto, mediante referendo popular, a ciento cincuenta
años de nuestra primera Constitución mambisa, aprobada en Guáimaro el 10 de
abril de 1869, la siguiente:
CONSTITUCIÓN TÍTULO I FUNDAMENTOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
ARTÍCULO 1. Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social,
democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de
todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad,
el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la
equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y
colectiva.
ARTÍCULO 2. El nombre del Estado cubano es República de Cuba, el idioma oficial
es el español y su capital es La Habana. Los símbolos nacionales son la bandera
de la estrella solitaria, el Himno de Bayamo y el escudo de la palma real. La
ley define las características que los identifican, su uso y conservación.
ARTÍCULO 3. En la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en
el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. El pueblo la ejerce
directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del
Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la
Constitución y las leyes.
ARTÍCULO 4. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber
supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes,
quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista
que refrenda esta Constitución, es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho
de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera
posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político,
social y económico establecido por esta Constitución.
ARTÍCULO 5. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y
leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter
democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política
dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos
comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad
comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los
cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos.
ARTÍCULO 6. La Unión de Jóvenes Comunistas, organización de vanguardia de la
juventud cubana, cuenta con el reconocimiento y el estímulo del Estado,
contribuye a la formación de las más jóvenes generaciones en los principios
revolucionarios y éticos de nuestra sociedad, y promueve su participación en la
edificación del socialismo.
ARTÍCULO 7. La Constitución es la norma jurídica suprema del Estado. Todos están
obligados a cumplirla. Las disposiciones y actos de los órganos del Estado, sus
directivos, funcionarios y empleados, así como de las organizaciones, las
entidades y los individuos se ajustan a lo que esta dispone.
ARTÍCULO 8. Lo prescrito en los tratados internacionales en vigor para la
República de Cuba forma parte o se integra, según corresponda, al ordenamiento
jurídico nacional. La Constitución de la República de Cuba prima sobre estos
tratados internacionales.
ARTÍCULO 9. Cumplir estrictamente la legalidad socialista es una obligación de
todos. Los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, además,
velan por su respeto en la vida de toda la sociedad y actúan dentro de los
límites de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO 10. Los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados
están obligados a respetar, atender y dar respuesta al pueblo, mantener
estrechos vínculos con este y someterse a su control, en las formas establecidas
en la Constitución y las leyes.
ARTÍCULO 11. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción:
a) sobre todo el territorio nacional, integrado por la Isla de Cuba, la Isla de
la Juventud, las demás islas y cayos adyacentes, las aguas interiores y el mar
territorial en la extensión que fija la ley, el espacio aéreo que sobre estos se
extiende y el espectro radioeléctrico;
b) sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país;
c) sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, del lecho y de las
aguas suprayacentes a este, y el subsuelo del mar de la zona económica exclusiva
de la República, en la extensión que fija la ley, de conformidad con el Derecho
Internacional, y
d) sobre la plataforma continental en la extensión que fija la ley y conforme al
Derecho Internacional.
Asimismo, ejerce jurisdicción en la zona contigua en correspondencia con el
Derecho Internacional.
ARTÍCULO 12. La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los
tratados, concesiones o pactos acordados en condiciones de desigualdad o que
desconocen o disminuyen su soberanía e integridad territorial.
ARTÍCULO 13. El Estado tiene como fines esenciales los siguientes:
a) encauzar los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo y
fortalecer la unidad nacional;
b) mantener y defender la independencia, la integridad y la soberanía de la
patria;
c) preservar la seguridad nacional;
d) garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos, y
en el cumplimiento de los deberes consagrados en la Constitución y las leyes;
e) promover un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y
colectiva, y obtener mayores niveles de equidad y justicia social, así como
preservar y multiplicar los logros alcanzados por la Revolución;
f) garantizar la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral;
g) afianzar la ideología y la ética inherentes a nuestra sociedad socialista;
h) proteger el patrimonio natural, histórico y cultural de la nación, y
i) asegurar el desarrollo educacional, científico, técnico y cultural del país.
ARTÍCULO 14. El Estado reconoce y estimula a las organizaciones de masas y
sociales, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población,
representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la
edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista. La ley establece
los principios generales en que estas organizaciones se fundamentan y reconoce
el desempeño de las demás formas asociativas.
ARTÍCULO 15. El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. El
Estado cubano es laico. En la República de Cuba las instituciones religiosas y
asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos
derechos y deberes. Las distintas creencias y religiones gozan de igual
consideración.
CAPÍTULO II RELACIONES INTERNACIONALES
ARTÍCULO 16. La República de Cuba basa las relaciones internacionales en el
ejercicio de su soberanía y los principios antiimperialistas e
internacionalistas, en función de los intereses del pueblo y, en consecuencia:
a) reafirma que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con
cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o
coerción;
b) ratifica su aspiración de paz digna, verdadera y válida para todos los
Estados, asentada en el respeto a la independencia y soberanía de los pueblos y
su derecho a la libre determinación, expresado en la libertad de elegir su
sistema 3 político, económico, social y cultural, como condición esencial para
asegurar la convivencia pacífica entre las naciones;
c) sostiene su voluntad de observar de manera irrestricta los principios y
normas que conforman el Derecho Internacional, en particular la igualdad de
derechos, la integridad territorial, la independencia de los Estados, el no uso
ni amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la
cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el arreglo
pacífico de controversias sobre la base de la igualdad, el respeto y los demás
principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas;
d) reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de América
Latina y del Caribe;
e) promueve la unidad de todos los países del Tercer Mundo y condena el
imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo u otras formas de
sometimiento, en cualquiera de sus manifestaciones;
f) promueve la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento
al cambio climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre la
base del reconocimiento de responsabilidades comunes, pero diferenciadas; el
establecimiento de un orden económico internacional justo y equitativo y la
erradicación de los patrones irracionales de producción y consumo;
g) defiende y protege el disfrute de los derechos humanos y repudia cualquier
manifestación de racismo o discriminación;
h) condena la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o
externos de cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, cualquier forma
de coerción económica o política, los bloqueos unilaterales violatorios del
Derecho Internacional, u otro tipo de injerencia y amenaza a la integridad de
los Estados;
i) rechaza la violación del derecho irrenunciable y soberano de todo Estado a
regular el uso y los beneficios de las telecomunicaciones en su territorio,
conforme a la práctica universal y a los convenios internacionales de los que
Cuba es parte;
j) califica de crimen internacional la agresión y la guerra de conquista,
reconoce la legitimidad de las luchas por la liberación nacional y la
resistencia armada a la agresión, así como considera su deber internacionalista
solidarizarse con el agredido y con los pueblos que combaten por su liberación y
autodeterminación;
k) promueve el desarme general y completo y rechaza la existencia, proliferación
o uso de armas nucleares, de exterminio en masa u otras de efectos similares,
así como el desarrollo y empleo de nuevas armas y de nuevas formas de hacer la
guerra, como la ciberguerra, que transgreden el Derecho Internacional;
l) repudia y condena el terrorismo en cualquiera de sus formas y
manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado;
m) ratifica su compromiso en la construcción de una sociedad de la información y
el conocimiento centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo
sostenible, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la
información y el conocimiento en la mejora de su calidad de vida; y defiende la
cooperación de todos los Estados y la democratización del ciberespacio, así como
condena su uso y el del espectro radioeléctrico con fines contrarios a lo
anterior, incluidas la subversión y la desestabilización de naciones soberanas;
n) basa sus relaciones con los países que edifican el socialismo en la amistad
fraternal, la cooperación y la ayuda mutua;
ñ) mantiene y fomenta relaciones de amistad con los países que, teniendo un
régimen político, social y económico diferente, respetan su soberanía, observan
las normas de convivencia entre los Estados y adoptan una actitud recíproca con
nuestro país, de conformidad con los principios del Derecho Internacional, y
o) promueve el multilateralismo y la multipolaridad en las relaciones
internacionales, como alternativas a la dominación y al hegemonismo político,
financiero y militar o cualquier otra manifestación que amenacen la paz, la
independencia y
ARTÍCULO 17. La República de Cuba puede conceder asilo, de conformidad con la
ley, a los perseguidos por sus ideales o luchas por la liberación nacional, por
actividades progresistas, por el socialismo y la paz, por los derechos
democráticos y sus reivindicaciones, así como a los que luchan contra el
imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y cualquier otra
forma de dominación, la discriminación y el racismo.
TÍTULO II FUNDAMENTOS ECONÓMICOS
ARTÍCULO 18. En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista
basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de
producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de
la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los
intereses de la sociedad.
ARTÍCULO 19. El Estado dirige, regula y controla la actividad económica
conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales
en beneficio de la sociedad. La planificación socialista constituye el
componente central del sistema de dirección del desarrollo económico y social.
Su función esencial es proyectar y conducir el desarrollo estratégico, previendo
los equilibrios pertinentes entre los recursos y las necesidades.
ARTÍCULO 20. Los trabajadores participan en los procesos de planificación,
regulación, gestión y control de la economía. La ley regula la participación de
los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades
empresariales estatales y unidades presupuestadas.
ARTÍCULO 21. El Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la
innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social.
Igualmente implementa formas de organización, financiamiento y gestión de la
actividad científica; propicia la introducción sistemática y acelerada de sus
resultados en los procesos productivos y de servicios, mediante el marco
institucional y regulatorio correspondiente.
ARTÍCULO 22. Se reconocen como formas de propiedad, las siguientes:
a) socialista de todo el pueblo: en la que el Estado actúa en representación y
beneficio de aquel como propietario.
b) cooperativa: la sustentada en el trabajo colectivo de sus socios propietarios
y en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo.
c) de las organizaciones políticas, de masas y sociales: la que ejercen estos
sujetos sobre los bienes destinados al cumplimiento de sus fines.
d) privada: la que se ejerce sobre determinados medios de producción por
personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras; con un papel
complementario en la economía.
e) mixta: la formada por la combinación de dos o más formas de propiedad.
f) de instituciones y formas asociativas: la que ejercen estos sujetos sobre sus
bienes para el cumplimiento de fines de carácter no lucrativo.
g) personal: la que se ejerce sobre los bienes que, sin constituir medios de
producción, contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y
espirituales de su titular.
Todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúan en
similares condiciones; el Estado regula y controla el modo en que contribuyen al
desarrollo económico y social.
La ley regula lo relativo al ejercicio y alcance de las formas de propiedad.
ARTÍCULO 23. Son de propiedad socialista de todo el pueblo: las tierras que no
pertenecen a particulares o a cooperativas integradas por estos, el subsuelo,
los yacimientos minerales, las minas, los bosques, las aguas, las playas, las
vías de comunicación y los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro
de la zona económica exclusiva de la República. Estos bienes no pueden
trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas y se rigen por los
principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. La
trasmisión de otros derechos que no impliquen transferencia de propiedad sobre
estos bienes, se hará previa aprobación del Consejo de Estado, conforme a lo
previsto en la ley, siempre que se destinen a los fines del desarrollo económico
y social del país y no afecten los fundamentos políticos, económicos y sociales
del Estado.
ARTÍCULO 24. La propiedad socialista de todo el pueblo incluye otros bienes como
las infraestructuras de interés general, principales industrias e instalaciones
económicas y sociales, así como otros de carácter estratégico para el desarrollo
económico y social del país. Estos bienes son inembargables y pueden trasmitirse
en propiedad solo en casos excepcionales, siempre que se destinen a los fines
del desarrollo económico y social del país y no afecten los fundamentos
políticos, económicos y sociales del Estado, previa aprobación del Consejo de
Ministros. En cuanto a la trasmisión de otros derechos sobre estos bienes, así
como a su gestión, se actuará conforme a lo previsto en la ley. Las
instituciones presupuestadas y las entidades empresariales estatales cuentan con
otros bienes de propiedad socialista de todo el pueblo, sobre los cuales ejercen
los derechos que le corresponden de conformidad con lo previsto en la ley.
ARTÍCULO 25. El Estado crea instituciones presupuestadas para cumplir
esencialmente funciones estatales y sociales.
ARTÍCULO 26. El Estado crea y organiza entidades empresariales estatales con el
objetivo de desarrollar actividades económicas de producción y prestación de
servicios. Estas entidades responden de las obligaciones contraídas con su
patrimonio, en correspondencia con los límites que determine la ley. El Estado
no responde de las obligaciones contraídas por las entidades empresariales
estatales y estas tampoco responden de las de aquel.
ARTÍCULO 27. La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía
nacional. Dispone de autonomía en su administración y gestión; desempeña el
papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus
responsabilidades sociales. La ley regula los principios de organización y
funcionamiento de la empresa estatal socialista.
ARTÍCULO 28. El Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera,
como elemento importante para el desarrollo económico del país, sobre la base de
la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales, así como
del respeto a la soberanía e independencia nacionales. La ley establece lo
relativo al desarrollo de la inversión extranjera en el territorio nacional.
ARTÍCULO 29. La propiedad privada sobre la tierra se regula por un régimen
especial. Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería y los préstamos hipotecarios
a particulares. La compraventa o trasmisión onerosa de este bien solo podrá
realizarse previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley y sin
perjuicio del derecho preferente del Estado a su adquisición mediante el pago de
su justo precio. Los actos traslativos de dominio no onerosos o de derechos de
uso y disfrute sobre este bien se realizan previa autorización de la autoridad
competente y de conformidad con lo establecido en la ley.
ARTÍCULO 30. La concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas
no estatales es regulada por el Estado, el que garantiza además, una cada vez
más justa redistribución de la riqueza, con el fin de preservar los límites
compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. La ley
establece las regulaciones que garantizan su efectivo cumplimiento.
ARTÍCULO 31. El trabajo es un valor primordial de nuestra sociedad. Constituye
un derecho, un deber social y un motivo de honor de todas las personas en
condiciones de trabajar. El trabajo remunerado debe ser la fuente principal de
ingresos que sustenta condiciones de vida dignas, permite elevar el bienestar
material y espiritual y la realización de los proyectos individuales, colectivos
y sociales. La remuneración con arreglo al trabajo aportado se complementa con
la satisfacción equitativa y gratuita de servicios sociales universales y otras
prestaciones y beneficios.
TÍTULO III FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA EDUCACIONAL, CIENTÍFICA Y CULTURAL
ARTÍCULO 32. El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, las ciencias y
la cultura en todas sus manifestaciones. En su política educativa, científica y
cultural se atiene a los postulados siguientes:
a) se fundamenta en los avances de la ciencia, la creación, la tecnología y la
innovación, el pensamiento y la tradición pedagógica progresista cubana y la
universal;
b) la enseñanza es función del Estado, es laica y se basa en los aportes de la
ciencia y en los principios y valores de nuestra sociedad;
c) la educación promueve el conocimiento de la historia de la nación y
desarrolla una alta formación de valores éticos, morales, cívicos y patrióticos;
d) promueve la participación ciudadana en la realización de su política
educacional, científica y cultural;
e) orienta, fomenta y promueve la cultura física, la recreación y el deporte en
todas sus manifestaciones como medio de educación y contribución a la formación
integral de las personas;
f) la actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre. Se estimula la
investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación, priorizando
la dirigida a solucionar los problemas que atañen al interés de la sociedad y al
beneficio del pueblo;
g) se fomenta la formación y empleo de las personas que el desarrollo del país
requiere para asegurar las capacidades científicas, tecnológicas y de
innovación;
h) se promueve la libertad de creación artística en todas sus formas de
expresión, conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política
cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista;
i) se fomenta y desarrolla la educación artística y literaria, la vocación para
la creación, el cultivo del arte y la capacidad para apreciarlo;
j) defiende la identidad y la cultura cubana y salvaguarda la riqueza artística,
patrimonial e histórica de la nación, y
k) protege los monumentos de la nación y los lugares notables por su belleza
natural, o por su reconocido valor artístico o histórico.
TÍTULO IV CIUDADANÍA
ARTÍCULO 33. La ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por
naturalización.
ARTÍCULO 34. Son ciudadanos cubanos por nacimiento:
a) los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de
extranjeros que se encuentren al servicio de su gobierno o de organismos
internacionales. La ley establece los requisitos y las formalidades para el caso
de los hijos de los extranjeros no residentes permanentes en el país;
b) los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos que se hallen
cumpliendo misión oficial, de acuerdo con los requisitos y las formalidades que
establece la ley;
c) los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, previo cumplimiento de
los requisitos y las formalidades que la ley señala, y
d) los nacidos fuera del territorio nacional de padre o madre cubanos por
nacimiento que hayan perdido la ciudadanía cubana, siempre que la reclamen en la
forma que señala la ley.
ARTÍCULO 35. Son ciudadanos cubanos por naturalización:
a) los extranjeros que adquieren la ciudadanía de acuerdo con lo establecido en
la ley;
b) los que obtengan la ciudadanía cubana por decisión del Presidente de la
República.
ARTÍCULO 36. La adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la
ciudadanía cubana. Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el
territorio nacional, se rigen por esa condición, en los términos establecidos en
la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera.
ARTÍCULO 37. El matrimonio, la unión de hecho o su disolución no afectan la
ciudadanía de los cónyuges, de los unidos o de sus hijos.
ARTÍCULO 38. Los cubanos no pueden ser privados de su ciudadanía, salvo por
causas legalmente establecidas. La ley establece el procedimiento a seguir para
la formalización de la pérdida y renuncia de la ciudadanía y las autoridades
facultadas para decidirlo.
ARTÍCULO 39. La ciudadanía cubana podrá recuperarse previo cumplimiento de los
requisitos y formalidades que prescribe la ley.
TÍTULO V DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 40. La dignidad humana es el valor supremo que sustenta el
reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la
Constitución, los tratados y las leyes.
ARTÍCULO 41. El Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el
ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e
interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios
de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es de
obligatorio cumplimiento para todos.
ARTÍCULO 42. Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma
protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades
y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género,
orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel,
creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier
otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la
dignidad humana. Todas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios
públicos y establecimientos de servicios. Asimismo, reciben igual salario por
igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación del principio de igualdad
está proscrita y es sancionada por la ley.
ARTÍCULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en
lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro
ámbito. El Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y
posibilidades. El Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su
plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus
manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para
ello.
ARTÍCULO 44. El Estado crea las condiciones para garantizar la igualdad de sus
ciudadanos. Educa a las personas desde la más temprana edad en el respeto a este
principio. El Estado hace efectivo este derecho con la implementación de
políticas públicas y leyes para potenciar la inclusión social y la salvaguarda
de los derechos de las personas cuya condición lo requieran.
ARTÍCULO 45. El ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por
los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el
respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes.
CAPÍTULO II DERECHOS
ARTÍCULO 46. Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y
moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación,
la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral.
ARTÍCULO 47. Las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad
y deben guardar entre sí una conducta de respeto, fraternidad y solidaridad.
ARTÍCULO 48. Todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimidad
personal y familiar, su propia imagen y voz, su honor e identidad personal.
ARTÍCULO 49. El domicilio es inviolable. No se puede penetrar en morada ajena
sin permiso de quien la habita, salvo por orden expresa de la autoridad
competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la
ley.
ARTÍCULO 50. La correspondencia y demás formas de comunicación entre las
personas son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante
orden expresa de autoridad competente, en los casos y con las formalidades
establecidas en la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con infracción
de este principio no constituyen prueba en proceso alguno.
ARTÍCULO 51. Las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada,
torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
ARTÍCULO 52. Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y
salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más
limitaciones que las establecidas por la ley.
ARTÍCULO 53. Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado
información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los
órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas.
ARTÍCULO 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad
de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede
invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro
su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.
ARTÍCULO 55. Se reconoce a las personas la libertad de prensa. Este derecho se
ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Los medios
fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y
soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones
políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de
propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento
para todos los medios de comunicación social.
ARTÍCULO 56. Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines
lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con
respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la
ley.
ARTÍCULO 57. Toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a
cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia, con el debido respeto a
las demás y de conformidad con la ley.
ARTÍCULO 58. Todas las personas tienen derecho al disfrute de los bienes de su
propiedad. El Estado garantiza su uso, disfrute y libre disposición, de
conformidad con lo establecido en la ley. La expropiación de bienes se autoriza
únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la
debida indemnización. La ley establece las bases para determinar su utilidad y
necesidad, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación y la
forma de indemnización.
ARTÍCULO 59. La confiscación de bienes se aplica solo como sanción dispuesta por
autoridad competente, en los procesos y por los procedimientos que determina la
ley. Cuando la confiscación de bienes sea dispuesta en procedimiento
administrativo, se garantiza siempre a la persona su defensa ante los tribunales
competentes.
ARTÍCULO 60. El Estado favorece en su política penitenciaria la reinserción
social de las personas privadas de libertad, garantiza el respeto de sus
derechos y el cumplimiento de las normas establecidas para su tratamiento en los
establecimientos penitenciarios. Asimismo, se ocupa de la atención y reinserción
social de las personas que extinguen sanciones penales no detentivas o cumplen
otros tipos de medidas impuestas por los tribunales.
ARTÍCULO 61. Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las
autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas
oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento
establecido en la ley.
ARTÍCULO 62. Se reconocen a las personas los derechos derivados de la creación
intelectual, conforme a la ley y los tratados internacionales. Los derechos
adquiridos se ejercen por los creadores y titulares en correspondencia con la
ley, en función de las políticas públicas.
ARTÍCULO 63. Se reconoce el derecho a la sucesión por causa de muerte. La ley
regula su contenido y alcance.
ARTÍCULO 64. Se reconoce el derecho al trabajo. La persona en condición de
trabajar tiene derecho a obtener un empleo digno, en correspondencia con su
elección, calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad.
El Estado organiza instituciones y servicios que faciliten a las familias
trabajadoras el desempeño de sus responsabilidades.
ARTÍCULO 65. Toda persona tiene derecho a que su trabajo se remunere en función
de la calidad y cantidad, expresión del principio de distribución socialista “de
cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”.
ARTÍCULO 66. Se prohíbe el trabajo de las niñas, los niños y los adolescentes.
El Estado brinda especial protección a aquellos adolescentes graduados de la
enseñanza técnica y profesional u otros que, en circunstancias excepcionales
definidas en la ley, son autorizados a incorporarse al trabajo, con el fin de
garantizar su adiestramiento y desarrollo integral.
ARTÍCULO 67. La persona que trabaja tiene derecho al descanso, que se garantiza
por la jornada de trabajo de ocho horas, el descanso semanal y las vacaciones
anuales pagadas. La ley define aquellos otros supuestos en los que
excepcionalmente se pueden aprobar jornadas y regímenes diferentes de trabajo,
con la debida correspondencia entre el tiempo de trabajo y el descanso.
ARTÍCULO 68. La persona que trabaja tiene derecho a la seguridad social. El
Estado, mediante el sistema de seguridad social, le garantiza la protección
adecuada cuando se encuentre impedida de laborar por su edad, maternidad,
paternidad, invalidez o enfermedad. Asimismo, de conformidad con la ley, el
Estado protege a los abuelos u otros familiares del menor de edad, en función
del cuidado y atención a este. En caso de muerte de la persona que trabaja o se
encuentra pensionada, el Estado brinda similar protección a su familia, conforme
a lo establecido en la ley.
ARTÍCULO 69. El Estado garantiza el derecho a la seguridad y salud en el trabajo
mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y
enfermedades profesionales. La persona que sufre un accidente de trabajo o
contrae una enfermedad profesional tiene derecho a la atención médica, a
subsidio o jubilación en los casos de incapacidad temporal o permanente de
trabajo o a otras formas de protección de la seguridad social.
ARTÍCULO 70. El Estado, mediante la asistencia social, protege a las personas
sin recursos ni amparo, no aptas para trabajar, que carezcan de familiares en
condiciones de prestarle ayuda; y a las familias que, debido a la insuficiencia
de los ingresos que perciben, así lo requieran, de conformidad con la ley.
ARTÍCULO 71. Se reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada
y a un hábitat seguro y saludable. El Estado hace efectivo este derecho mediante
programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas, con la
participación de entidades y de la población, en correspondencia con las
políticas públicas, las normas del ordenamiento territorial y urbano y las
leyes.
ARTÍCULO 72. La salud pública es un derecho de todas las personas y es
responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de
los servicios de atención, protección y recuperación. El Estado, para hacer
efectivo este derecho, instituye un sistema de salud a todos los ni veles
accesible a la población y desarrolla programas de prevención y educación, en
los que contribuyen la sociedad y las familias. La ley define el modo en que los
servicios de salud se prestan.
ARTÍCULO 73. La educación es un derecho de todas las personas y responsabilidad
del Estado, que garantiza servicios de educación gratuitos, asequibles y de
calidad para la formación integral, desde la primera infancia hasta la enseñanza
universitaria de posgrado. El Estado, para hacer efectivo este derecho,
establece un amplio sistema de instituciones educacionales en todos los tipos y
niveles educativos, que brinda la posibilidad de estudiar en cualquier etapa de
la vida de acuerdo a las aptitudes, las exigencias sociales y a las necesidades
del desarrollo económico-social del país.
En la educación tienen responsabilidad la sociedad y las familias. La ley define
el alcance de la obligatoriedad de estudiar, la preparación general básica que,
como mínimo, debe adquirirse; la educación de las personas adultas y aquellos
estudios de posgrado u otros complementarios que excepcionalmente pueden ser
remunerados.
ARTÍCULO 74. Las personas tienen derecho a la educación física, al deporte y a
la recreación como elementos esenciales de su calidad de vida. El sistema
nacional de educación garantiza la inclusión de la enseñanza y práctica de la
educación física y el deporte como parte de la formación integral de la niñez,
la adolescencia y la juventud. El Estado crea las condiciones para garantizar
los recursos necesarios dedicados a la promoción y práctica del deporte y la
recreación del pueblo, así como para la preparación, atención y desarrollo de
los talentos deportivos.
ARTÍCULO 75. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente
sano y equilibrado. El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales
del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la
economía y la sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la
supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y
futuras.
ARTÍCULO 76. Todas las personas tienen derecho al agua. El Estado crea las
condiciones para garantizar el acceso al agua potable y a su saneamiento, con la
debida retribución y uso racional.
ARTÍCULO 77. Todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y
adecuada. El Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad
alimentaria de toda la población.
ARTÍCULO 78. Todas las personas tienen derecho a consumir bienes y servicios de
calidad y que no atenten contra su salud, y a acceder a información precisa y
veraz sobre estos, así como a recibir un trato equitativo y digno de conformidad
con la ley.
ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a participar en la vida cultural
y artística de la nación. El Estado promueve la cultura y las distintas
manifestaciones artísticas, de conformidad con la política cultural y la ley.
ARTÍCULO 80. Los ciudadanos cubanos tienen derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder del Estado; en razón a esto pueden,
de conformidad con la Constitución y las leyes:
a) estar inscriptos en el registro electoral;
b) proponer y nominar candidatos;
c) elegir y ser elegidos;
d) participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y
otras formas de participación democrática;
e) pronunciarse sobre la rendición de cuenta que les presentan los elegidos;
f) revocar el mandato de los elegidos;
g) ejercer la iniciativa legislativa y de reforma de la Constitución;
h) desempeñar funciones y cargos públicos, y
i) estar informados de la gestión de los órganos y autoridades del Estado.
CAPÍTULO III LAS FAMILIAS
ARTÍCULO 81. Toda persona tiene derecho a fundar una familia. El Estado reconoce
y protege a las familias, cualquiera sea su forma de organización, como célula
fundamental de la sociedad y crea las condiciones para garantizar que se
favorezca integralmente la consecución de sus fines. Se constituyen por vínculos
jurídicos o de hecho, de naturaleza afectiva, y se basan en la igualdad de
derechos, deberes y oportunidades de sus integrantes. La protección jurídica de
los diversos tipos de familias es regulada por la ley.
ARTÍCULO 82. El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las
formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en
la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. La ley
determina la forma en que se constituye y sus efectos. Se reconoce, además, la
unión estable y singular con aptitud legal, que forme de hecho un proyecto de
vida en común, que bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley,
genera los derechos y obligaciones que esta disponga.
ARTÍCULO 83. Todos los hijos tienen iguales derechos. Se prohíbe toda
calificación sobre la naturaleza de la filiación. El Estado garantiza, mediante
los procedimientos legales adecuados, la determinación y el reconocimiento de la
maternidad y la paternidad.
ARTÍCULO 84. La maternidad y la paternidad son protegidas por el Estado. Las
madres y los padres tienen responsabilidades y funciones esenciales en la
educación y formación integral de las nuevas generaciones en los valores
morales, éticos y cívicos, en correspondencia con la vida en nuestra sociedad
socialista. Las madres y los padres u otros parientes consanguíneos o afines que
cumplan funciones de guarda y cuidado tienen el deber de dar alimentos a niñas,
niños y adolescentes, respetar y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos,
protegerlos de todos los tipos de violencia y contribuir activamente al
desarrollo pleno de su personalidad. Los hijos, a su vez, están obligados a
respetar, atender y proteger a sus madres, padres y otros parientes, conforme
con lo establecido en la ley.
ARTÍCULO 85. La violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones, se
considera destructiva de las personas implicadas, de las familias y de la
sociedad, y es sancionada por la ley.
ARTÍCULO 86. El Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a
las niñas, niños y adolescentes y garantizan su desarrollo armónico e integral
para lo cual tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos que
les conciernan. Las niñas, niños y adolescentes son considerados plenos sujetos
de derechos y gozan de aquellos reconocidos en esta Constitución, además de los
propios de su especial condición de persona en desarrollo. Son protegidos contra
todo tipo de violencia.
ARTÍCULO 87. El Estado, la sociedad y las familias reconocen a las personas
jóvenes como activos participantes en la sociedad, a tales efectos crean las
condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral.
ARTÍCULO 88. El Estado, la sociedad y las familias, en lo que a cada uno
corresponde, tienen la obligación de proteger, asistir y facilitar las
condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de las
personas adultas mayores. De igual forma, respetar su autodeterminación,
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover su integración y
participación social.
ARTÍCULO 89. El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de
proteger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas
en situación de discapacidad. El Estado crea las condiciones requeridas para su
rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida, su autonomía personal,
su inclusión y participación social.
CAPÍTULO IV DEBERES
ARTÍCULO 90. El ejercicio de los derechos y libertades previstos en esta
Constitución implican responsabilidades. Son deberes de los ciudadanos cubanos,
además de los otros establecidos en esta Constitución y las leyes:
a) servir y defender la patria;
b) cumplir la Constitución y demás normas jurídicas;
c) respetar y proteger los símbolos patrios;
d) contribuir a la financiación de los gastos públicos en la forma establecida
por la ley;
e) guardar el debido respeto a las autoridades y sus agentes;
f) prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley;
g) respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
h) conservar, proteger y usar racionalmente los bienes y recursos que el Estado
y la sociedad ponen al servicio de todo el pueblo;
i) cumplir los requerimientos establecidos para la protección de la salud y la
higiene ambiental;
j) proteger los recursos naturales, la flora y la fauna y velar por la
conservación de un medio ambiente sano;
k) proteger el patrimonio cultural e histórico del país, y
l) actuar, en sus relaciones con las personas, conforme al principio de
solidaridad humana, respeto y observancia de las normas de convivencia social.
CAPÍTULO V DERECHOS Y DEBERES DE LOS EXTRANJEROS
ARTÍCULO 91. Los extranjeros residentes en el territorio de la República se
equiparan a los cubanos:
a) en la protección de sus personas y bienes;
b) en la obligación de observar la Constitución y demás normas jurídicas;
c) en la obligación de contribuir a la financiación de los gastos públicos en la
forma y la cuantía que la ley establece;
d) en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia
y autoridades de la República, y
e) en el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos
en esta Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley
fija.
La ley establece los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser
expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo.
CAPÍTULO VI GARANTÍAS DE LOS DERECHOS
ARTÍCULO 92. El Estado garantiza, de conformidad con la ley, que las personas
puedan acceder a los órganos judiciales a fin de obtener una tutela efectiva de
sus derechos e intereses legítimos. Las decisiones judiciales son de obligatorio
cumplimiento y su irrespeto deriva responsabilidad para quien las incumpla.
ARTÍCULO 93. El Estado reconoce el derecho de las personas a resolver sus
controversias utilizando métodos alternos de solución de conflictos, de
conformidad con la Constitución y las normas jurídicas que se establezcan a
tales efectos.
ARTÍCULO 94. Toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un
debido proceso tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y, en
consecuencia, goza de los derechos siguientes:
a) disfrutar de igualdad de oportunidades en todos los procesos en que
interviene como parte;
b) recibir asistencia jurídica para ejercer sus derechos en todos los procesos
en que interviene;
c) aportar los medios de prueba pertinentes y solicitar la exclusión de aquellos
que hayan sido obtenidos violando lo establecido;
d) acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial, en los casos que
corresponda;
e) no ser privada de sus derechos sino por resolución fundada de autoridad
competente o sentencia firme de tribunal;
f) interponer los recursos o procedimientos pertinentes contra las resoluciones
judiciales o administrativas que correspondan;
g) tener un proceso sin dilaciones indebidas, y
h) obtener reparación por los daños materiales y morales e indemnización por los
perjuicios que reciba.
ARTÍCULO 95. En el proceso penal las personas tienen, además, las siguientes
garantías:
a) no ser privada de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo
legalmente establecido;
b) disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso;
c) que se le presuma inocente hasta tanto se dicte sentencia firme en su contra;
d) ser tratada con respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y moral,
y a no ser víctima de violencia y coacción de clase alguna para forzarla a
declarar;
e) no declarar contra sí misma, su cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
f) ser informada sobre la imputación en su contra;
g) ser juzgada por un tribunal preestablecido legalmente y en virtud de leyes
anteriores al delito;
h) comunicarse con sus familiares o personas allegadas, con inmediatez, en caso
de ser detenida o arrestada; si se tratara de extranjeros se procede a la
notificación consular, y
i) de resultar víctima, a disfrutar de protección para el ejercicio de sus
derechos.
ARTÍCULO 96. Quien estuviere privado de libertad ilegalmente tiene derecho, por
sí o a través de tercero, a establecer ante tribunal competente procedimiento de
Habeas Corpus, conforme a las exigencias establecidas en la ley.
ARTÍCULO 97. Se reconoce el derecho de toda persona de acceder a sus datos
personales en registros, archivos u otras bases de datos e información de
carácter público, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida
corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación. El uso y
tratamiento de estos datos se realiza de conformidad con lo establecido en la
ley.
ARTÍCULO 98. Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente
por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de
las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la
correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley.
ARTÍCULO 99. La persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta
Constitución y, como consecuencia sufriere daño o perjuicio por órganos del
Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u
omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no
estatales, tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los
derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o
indemnización. La ley establece aquellos derechos amparados por esta garantía, y
el procedimiento preferente, expedito y concentrado para su cumplimiento.
ARTÍCULO 100. En el ordenamiento jurídico rige el principio de irretroactividad
de las leyes, salvo en materia penal cuando sean favorables a la persona
encausada o sancionada, y en las demás leyes, cuando así lo dispongan
expresamente, atendiendo a razones de interés social o utilidad pública.
TÍTULO VI ESTRUCTURA DEL ESTADO
CAPÍTULO I PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO
ARTÍCULO 101. Los órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad
sobre la base de los principios de la democracia socialista que se expresan en
las reglas siguientes:
a) todos los órganos representativos de poder del Estado son electivos y
renovables;
b) el pueblo controla la actividad de los órganos estatales, de sus directivos y
funcionarios, de los diputados y de los delegados, de conformidad con lo
previsto en la ley;
c) los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación periódicamente
y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento;
d) los órganos estatales de acuerdo a sus funciones y en el marco de su
competencia desarrollan las iniciativas encaminadas al aprovechamiento de los
recursos y posibilidades locales y la incorporación de las organizaciones de
masas y sociales a su actividad;
e) las disposiciones de los órganos estatales superiores son obligatorias para
los inferiores;
f) los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rinden
cuenta de su gestión;
g) la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y la autocrítica y la
subordinación de la minoría a la mayoría rigen en todos los órganos estatales
colegiados, y
h) los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios actúan con la debida
transparencia.
CAPÍTULO II ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR Y CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR
ARTÍCULO 102. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del
poder del Estado. Representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana.
ARTÍCULO 103. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con
potestad constituyente y legislativa en la República.
ARTÍCULO 104. La Asamblea Nacional del Poder Popular está integrada por
diputados elegidos por el voto libre, igual, directo y secreto de los electores,
en la proporción y según el procedimiento que determina la ley.
ARTÍCULO 105. La Asamblea Nacional del Poder Popular es elegida por un período
de cinco años. Este período solo podrá extenderse por la propia Asamblea
mediante acuerdo adoptado por una mayoría no inferior a las dos terceras partes
del número total de sus integrantes, en caso de circunstancias excepcionales que
impidan la celebración normal de las elecciones y mientras subsistan tales
circunstancias.
ARTÍCULO 106. La Asamblea Nacional del Poder Popular, al constituirse para una
nueva legislatura, elige, de entre sus diputados, a su Presidente, al
Vicepresidente y al Secretario. La ley regula la forma y el procedimiento
mediante los cuales se constituye la Asamblea y realiza esa elección.
ARTÍCULO 107. La Asamblea Nacional del Poder Popular elige, de entre sus
diputados, al Consejo de Estado, órgano que la representa entre uno y otro
período de sesiones, ejecuta sus acuerdos y cumple las demás funciones que la
Constitución y la ley le atribuyen.
ARTÍCULO 108. Corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular:
a) acordar reformas de la Constitución, conforme a lo establecido en el Título
XI;
b) dar a la Constitución y a las leyes, en caso necesario, una interpretación
general y obligatoria, en correspondencia con el procedimiento previsto en la
ley;
c) aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta
popular cuando lo estime procedente, en atención a la índole de la legislación
de que se trate;
d) adoptar acuerdos en correspondencia con las leyes vigentes y controlar su
cumplimiento;
e) ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes, decretos-leyes,
decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones generales, de
conformidad con el procedimiento previsto en la ley;
f) ratificar los decretos-leyes y acuerdos del Consejo de Estado;
g) revocar total o parcialmente los decretos-leyes, decretos presidenciales,
decretos, acuerdos o disposiciones generales que contradigan la Constitución o
las leyes;
h) revocar total o parcialmente los acuerdos o disposiciones de las asambleas
municipales del Poder Popular que contravengan
la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos presidenciales,
decretos y demás disposiciones dictadas por órganos competentes, o los que
afecten los intereses de otras localidades o los generales del país;
i) discutir y aprobar los objetivos generales y metas de los planes a corto,
mediano y largo plazos, en función del desarrollo económico y social;
j) aprobar los principios del sistema de dirección del desarrollo económico y
social;
k) discutir y aprobar el presupuesto del Estado y controlar su cumplimiento;
l) acordar los sistemas monetario, financiero y fiscal;
m)establecer, modificar o extinguir los tributos;
n) aprobar los lineamientos generales de la política exterior e interior;
ñ) declarar el Estado de Guerra o la Guerra en caso de agresión militar y
aprobar los tratados de paz;
o) establecer y modificar la división político-administrativa; aprobar regímenes
de subordinación administrativa, sistemas de regulación especiales a municipios
u otras demarcaciones territoriales y a los distritos administrativos, conforme
a lo establecido en la Constitución y las leyes;
p) nombrar comisiones permanentes, temporales y grupos parlamentarios de
amistad;
q) ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado;
r) conocer y evaluar los informes y análisis de los sistemas empresariales
estatales que, por su magnitud y trascendencia económica y social, sean
pertinentes;
s) conocer, evaluar y adoptar decisiones sobre los informes de rendición de
cuenta que le presenten el Consejo de Estado, el Presidente de la República, el
Primer Ministro, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la
Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y los
organismos de la Administración Central del Estado, así como los gobiernos
provinciales;
t) crear o extinguir los organismos de la Administración Central del Estado o
disponer cualquier otra medida organizativa que resulte procedente;
u) conceder amnistías;
v) disponer la convocatoria a referendos o a plebiscitos en los casos previstos
en la Constitución y en otros que la propia Asamblea considere procedente;
w) acordar su reglamento y el del Consejo de Estado, y
x) las demás atribuciones que le confiere esta Constitución.
ARTÍCULO 109. La Asamblea Nacional del Poder Popular, en ejercicio de sus
atribuciones:
a) elige al Presidente y al Vicepresidente de la República;
b) elige a su Presidente, Vicepresidente y Secretario;
c) elige a los integrantes del Consejo de Estado;
d) designa, a propuesta del Presidente de la República, al Primer Ministro;
e) designa, a propuesta del Presidente de la República, a los Viceprimeros
Ministros y demás miembros del Consejo de Ministros;
f) elige al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la
República y al Contralor General de la República;
g) elige al Presidente y a los demás integrantes del Consejo Electoral Nacional;
h) elige a los vicepresidentes y a los magistrados del Tribunal Supremo Popular,
así como a los jueces legos de esta instancia;
i) elige a los vicefiscales y vicecontralores generales de la República, y
j) revoca o sustituye a las personas elegidas o designadas por ella.
La ley regula el procedimiento para hacer efectivas estas atribuciones.
ARTÍCULO 110. La Asamblea Nacional del Poder Popular en su funcionamiento se
rige por los principios siguientes:
a) las leyes y acuerdos que emite, salvo las excepciones previstas en la
Constitución, se adoptan por mayoría simple de votos;
b) se reúne en dos períodos ordinarios de sesiones al año y en sesión
extraordinaria cuando la convoque el Consejo de Estado o lo solicite la tercera
parte de sus miembros. En las sesiones extraordinarias se tratan los asuntos que
la motivaron;
c) para celebrar sus sesiones se requiere la presencia de más de la mitad del
número total de los diputados que la integran, y
d) sus sesiones son públicas, excepto cuando la propia Asamblea acuerde
celebrarlas a puertas cerradas por razón de interés de Estado.
ARTÍCULO 111. Corresponde al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular:
a) cumplir y velar por el respeto a la Constitución y las leyes;
b) presidir las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo
de Estado;
c) convocar las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional;
d) convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Estado;
e) proponer el proyecto de orden del día de las sesiones de la Asamblea Nacional
y del Consejo de Estado;
f) firmar las leyes, decretos-leyes y acuerdos adoptados por la Asamblea
Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, según corresponda, y disponer
la publicación de los decretos-leyes y acuerdos en la Gaceta Oficial de la
República;
g) dirigir las relaciones internacionales de la Asamblea Nacional del Poder
Popular;
h) dirigir y organizar la labor de las comisiones permanentes y temporales que
sean creadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado,
según corresponda;
i) dirigir y organizar las relaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular
y del Consejo de Estado con los órganos estatales;
j) controlar el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder
Popular y del Consejo de Estado;
k) velar por el adecuado vínculo entre los diputados y los electores, y
l) las demás atribuciones que por esta Constitución, la Asamblea Nacional del
Poder Popular o el Consejo de Estado se le asignen.
ARTÍCULO 112. En caso de ausencia, enfermedad o muerte del Presidente de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, lo sustituye en sus funciones el
Vicepresidente, conforme a lo establecido en la ley.
SECCIÓN SEGUNDA DIPUTADOS Y COMISIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR
ARTÍCULO 113. Los diputados tienen el deber de desarrollar sus labores en
beneficio de los intereses del pueblo, mantener vínculo con sus electores,
atender sus planteamientos, sugerencias, críticas y explicarles la política del
Estado. Asimismo, rendirán cuenta del cumplimiento de sus funciones como tal,
según lo establecido en la ley. La Asamblea Nacional del Poder Popular adopta
las medidas que garanticen la adecuada vinculación de los diputados con sus
electores y con los órganos locales del Poder Popular en el territorio donde
fueron elegidos.
ARTÍCULO 114. Ningún diputado puede ser detenido ni sometido a proceso penal sin
autorización de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del Consejo de Estado
si no está reunida aquella, salvo en caso de delito flagrante.
ARTÍCULO 115. La condición de diputado no entraña privilegios personales ni
beneficios económicos. Durante el tiempo que empleen en el desempeño efectivo de
sus funciones, los diputados perciben la misma remuneración de su centro de
trabajo y mantienen el vínculo con este, a los efectos pertinentes.
ARTÍCULO 116. A los diputados les puede ser revocado su mandato en cualquier
momento, en la forma, por las causas y según los procedimientos establecidos en
la ley.
ARTÍCULO 117. Los diputados, en el curso de las sesiones de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, tienen el derecho de hacer preguntas al Consejo de Estado y
al Consejo de Ministros o a los miembros de uno y otro, y a que estas les sean
respondidas en el curso de la misma o en la próxima sesión.
ARTÍCULO 118. La Asamblea Nacional del Poder Popular para el mejor ejercicio de
sus funciones crea comisiones permanentes y temporales integradas por diputados,
conforme a los principios de organización y funcionamiento previstos en la ley.
ARTÍCULO 119. Los diputados y las comisiones tienen el derecho de solicitar a
los órganos estatales o entidades la colaboración necesaria para el cumplimiento
de sus funciones, y estos están en la obligación de prestarla en los términos
establecidos en la ley.
SECCIÓN TERCERA CONSEJO DE ESTADO
ARTÍCULO 120. El Consejo de Estado tiene carácter colegiado, es responsable ante
la Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde cuenta de todas sus
actividades. Los decretos-leyes y acuerdos que adopte el Consejo de Estado se
someten a la ratificación de la Asamblea Nacional en la sesión más próxima.
ARTÍCULO 121. El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, lo son a su vez del Consejo de Estado, el que está
integrado por los demás miembros que aquella decida.
No pueden integrar el Consejo de Estado los miembros del Consejo de Ministros,
ni las máximas autoridades de los órganos judiciales, electorales y de control
estatal.
ARTÍCULO 122. Corresponde al Consejo de Estado:
a) velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes;
b) dar a las leyes vigentes, en caso necesario, una interpretación general y
obligatoria;
c) dictar decretos-leyes y acuerdos;
d) disponer la celebración de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional
del Poder Popular;
e) convocar y acordar la fecha de las elecciones para la renovación periódica de
la Asamblea Nacional del Poder Popular y de las asambleas municipales del Poder
Popular;
f) analizar los proyectos de leyes que se someten a la consideración de la
Asamblea Nacional del Poder Popular;
g) exigir el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder
Popular;
h) suspender los decretos presidenciales, decretos, acuerdos y demás
disposiciones que contradigan la Constitución y las leyes, dando cuenta a la
Asamblea Nacional del Poder Popular en la primera sesión que celebre después de
acordada dicha suspensión;
i) suspender los acuerdos y disposiciones de las asambleas municipales del Poder
Popular que no se ajusten a la Constitución o a las leyes, los decretos-leyes,
los decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones
dictadas por órganos competentes; o los que afecten los intereses de otras
localidades o los generales del país, dando cuenta a la Asamblea Nacional del
Poder Popular en la primera sesión que celebre después de acordada dicha
suspensión;
j) revocar o modificar los acuerdos y demás disposiciones de los gobernadores y
consejos provinciales que contravengan la Constitución, las leyes, los
decretos-leyes, los decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones
dictadas por un órgano de superior jerarquía, o cuando afecten los intereses de
otras localidades o los generales del país;
k) elegir, designar, suspender, revocar o sustituir, entre uno y otro período de
sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a quienes deban ocupar los
cargos que le corresponde a esta decidir, a excepción del Presidente y
Vicepresidente de la República, el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, a los integrantes del Consejo de Estado y
al Primer Ministro. Al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal
General de la República, al Contralor General de la República y al Presidente
del Consejo Electoral Nacional, solo los puede suspender del ejercicio de sus
responsabilidades.
En todos los casos, da cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su
sesión más próxima, a los efectos que corresponda;
l) asumir, a propuesta del Presidente de la República, las facultades de
declarar el Estado de Guerra o la Guerra en caso de agresión o concertar la paz,
que la Constitución atribuye a la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando
esta se halle en receso y no pueda ser convocada con la seguridad y urgencia
necesarias;
m)impartir instrucciones de carácter general a los tribunales a través del
Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular;
n) crear comisiones;
ñ) ratificar y denunciar tratados internacionales;
o) designar y remover, a propuesta del Presidente de la República, a los jefes
de misiones diplomáticas de Cuba ante otros Estados, organismos u organizaciones
internacionales;
p) ejercer el control y fiscalización de los órganos del Estado;
q) durante los períodos que medien entre una y otra sesión de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, crear o extinguir los organismos de la
Administración Central del Estado o disponer cualquier otra medida organizativa
que resulte procedente;
r) aprobar las modalidades de inversión extranjera que le corresponden;
s) examinar y aprobar, entre uno y otro período de sesiones de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, los ajustes que sean necesarios realizar al
presupuesto del Estado;
t) coordinar y garantizar las actividades de los diputados y de las comisiones
permanentes y temporales de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y
u) las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes o le
encomiende la Asamblea Nacional del Poder Popular.
ARTÍCULO 123. Todas las decisiones del Consejo de Estado son adoptadas por el
voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.
ARTÍCULO 124. El mandato confiado al Consejo de Estado por la Asamblea Nacional
del Poder Popular expira al tomar posesión el nuevo Consejo de Estado elegido en
virtud de las renovaciones periódicas de aquella.
CAPÍTULO III PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ARTÍCULO 125. El Presidente de la República es el Jefe del Estado.
ARTÍCULO 126. El Presidente de la República es elegido por la Asamblea Nacional
del Poder Popular de entre sus diputados, por un período de cinco años, y le
rinde cuenta a esta de su gestión. Para ser elegido Presidente de la República
se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta. El Presidente de la
República puede ejercer su cargo hasta dos períodos consecutivos, luego de lo
cual no puede desempeñarlo nuevamente.
ARTÍCULO 127. Para ser Presidente de la República se requiere haber cumplido
treinta y cinco años de edad, hallarse en pleno goce de los derechos civiles y
políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía. Se
exige además tener hasta sesenta años de edad para ser elegido en este cargo en
un primer período.
ARTÍCULO 128. Corresponde al Presidente de la República:
a) cumplir y velar por el respeto a la Constitución y las leyes;
b) representar al Estado y dirigir su política general;
c) dirigir la política exterior, las relaciones con otros Estados y la relativa
a la defensa y la seguridad nacional;
d) refrendar las leyes que emita la Asamblea Nacional del Poder Popular y
disponer su publicación en la Gaceta Oficial de la República, de conformidad con
lo previsto en la ley;
e) presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una vez elegido por esta,
en esa sesión o en la próxima, los miembros del Consejo de Ministros;
f) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado,
según corresponda, la elección, designación, suspensión, revocación o
sustitución en sus funciones del Primer Ministro, del Presidente del Tribunal
Supremo Popular, del Fiscal General de la República, del Contralor General de la
República, del Presidente del Consejo Electoral Nacional y de los miembros del
Consejo de Ministros;
g) proponer a los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular que
correspondan, la elección o revocación de los gobernadores y vicegobernadores
provinciales;
h) conocer, evaluar y adoptar decisiones sobre los informes de rendición de
cuenta que le presente el Primer Ministro sobre su gestión, la del Consejo de
Ministros o la de su Comité Ejecutivo;
i) desempeñar la Jefatura Suprema de las instituciones armadas y determinar su
organización general;
j) presidir el Consejo de Defensa Nacional y proponer a la Asamblea Nacional del
Poder Popular o al Consejo de Estado, según proceda, declarar el Estado de
Guerra o la Guerra en caso de agresión militar;
k) decretar la Movilización General cuando la defensa del país lo exija, así
como declarar el Estado de Emergencia y la Situación de Desastre, en los casos
previstos en la Constitución, dando cuenta de su decisión, tan pronto las
circunstancias lo permitan, a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al
Consejo de Estado, de no poder reunirse aquella, a los efectos legales
procedentes;
l) ascender en grado y cargo a los oficiales de mayor jerarquía de las
instituciones armadas de la nación y disponer el cese de estos, de conformidad
con el procedimiento previsto en la ley;
m) decidir, en los casos que le corresponda, el otorgamiento de la ciudadanía
cubana, aceptar las renuncias y disponer sobre la privación de esta;
n) proponer, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley, la
suspensión, modificación o revocación de las disposiciones y acuerdos de los
órganos del Estado que contradigan la Constitución, las leyes o afecten los
intereses generales del país;
ñ) dictar, en el ejercicio de sus atribuciones, decretos presidenciales y otras
disposiciones;
o) crear comisiones o grupos de trabajo temporales para la realización de tareas
específicas;
p) proponer al Consejo de Estado la designación o remoción de los jefes de
misiones diplomáticas de Cuba ante otros Estados, organismos u organizaciones
internacionales;
q) conceder o retirar el rango de embajador de la República de Cuba;
r) otorgar condecoraciones y títulos honoríficos;
s) otorgar o negar, en representación de la República de Cuba, el beneplácito a
los jefes de misiones diplomáticas de otros Estados;
t) recibir las cartas credenciales de los jefes de las misiones extranjeras. El
Vicepresidente podrá asumir esta función excepcionalmente;
u) conceder indultos y solicitar a la Asamblea Nacional del Poder Popular la
concesión de amnistías;
v) participar por derecho propio en las reuniones del Consejo de Estado y
convocarlas cuando lo considere;
w) presidir las reuniones del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo, y
x) las demás atribuciones que por la Constitución o las leyes se le asignen.
ARTÍCULO 129. Para ser Vicepresidente de la República se requiere haber cumplido
treinta y cinco años de edad, hallarse en pleno goce de los derechos civiles y
políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía. Es
elegido de la misma forma, por igual período y limitación de mandato que el
Presidente de la República.
ARTÍCULO 130. El Vicepresidente de la República cumple las atribuciones que le
sean delegadas o asignadas por el Presidente de la República.
ARTÍCULO 131. En caso de ausencia, enfermedad o muerte del Presidente de la
República, lo sustituye temporalmente en sus funciones el Vicepresidente. Cuando
la ausencia es definitiva, la Asamblea Nacional del Poder Popular elige al nuevo
Presidente de la República. Cuando quede vacante el cargo de Vicepresidente de
la República, la Asamblea Nacional del Poder Popular elige a su sustituto. Si la
ausencia es definitiva, tanto del Presidente como del Vicepresidente de la
República, la Asamblea Nacional del Poder Popular elige a sus sustitutos. Hasta
tanto se realice la elección, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular asume interinamente el cargo de Presidente de la República.
La ley regula el procedimiento para su cumplimiento.
ARTÍCULO 132. El Presidente y Vicepresidente de la República se mantienen en sus
cargos hasta la elección de sus sucesores por la Asamblea Nacional del Poder
Popular.
CAPÍTULO IV GOBIERNO DE LA REPÚBLICA SECCIÓN PRIMERA CONSEJO DE MINISTROS
ARTÍCULO 133. El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y
administrativo y constituye el Gobierno de la República.
ARTÍCULO 134. El Consejo de Ministros está integrado por el Primer Ministro, los
Viceprimeros Ministros, los Ministros, el Secretario y los otros miembros que
determine la ley. En las sesiones del Consejo de Ministros participa, por
derecho propio, el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba.
ARTÍCULO 135. El Primer Ministro, los Viceprimeros Ministros, el Secretario y
otros miembros del Consejo de Ministros que determine el Presidente de la
República, integran su Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo puede decidir sobre
las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros, durante los períodos que
medien entre una y otra de sus reuniones.
ARTÍCULO 136. El Consejo de Ministros es responsable y periódicamente rinde
cuenta de sus actividades ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
ARTÍCULO 137. Corresponde al Consejo de Ministros:
a) cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes;
b) organizar y dirigir la ejecución de las actividades políticas, económicas,
culturales, científicas, sociales y de la defensa acordadas por la Asamblea
Nacional del Poder Popular;
c) proponer los objetivos generales y metas para la elaboración de los planes a
corto, mediano y largo plazos en función del desarrollo económico y social del
Estado, y una vez aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular,
organizar, dirigir y controlar su ejecución;
d) aprobar y someter a la ratificación del Consejo de Estado los tratados
internacionales;
e) dirigir y controlar el comercio exterior y la inversión extranjera;
f) elaborar el proyecto de Presupuesto del Estado y, una vez aprobado por la
Asamblea Nacional del Poder Popular, velar por su ejecución;
g) implementar y exigir el cumplimiento de los objetivos aprobados para
fortalecer los sistemas monetario, financiero y fiscal;
h) elaborar proyectos legislativos y someterlos a la consideración de la
Asamblea Nacional del Poder Popular o del Consejo de Estado, según proceda;
i) proveer a la defensa nacional, al mantenimiento de la seguridad y orden
interior, y a la protección de los derechos ciudadanos, así como a la
salvaguarda de vidas y bienes en caso de desastres;
j) dirigir la administración del Estado, así como unificar, coordinar y
fiscalizar la actividad de los organismos de la Administración Central del
Estado, de las entidades nacionales y de las administraciones locales;
k) evaluar y adoptar decisiones sobre los informes de rendición de cuenta que le
presenten los gobernadores provinciales;
l) crear, modificar o extinguir entidades subordinadas o adscriptas al Consejo
de Ministros y, en lo que le corresponda, a los organismos de la Administración
Central del Estado;
m) orientar y controlar la gestión de los gobernadores provinciales;
n) aprobar o autorizar las modalidades de inversión extranjera que le
correspondan;
ñ) ejecutar las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así
como los decretos-leyes y disposiciones del Consejo de Estado, los decretos
presidenciales y, en caso necesario, reglamentar lo que corresponda;
o) dictar decretos y acuerdos sobre la base y en cumplimiento de las leyes
vigentes y controlar su ejecución;
p) proponer al Consejo de Estado la suspensión de los acuerdos de las asambleas
municipales del Poder Popular que contravengan las leyes y demás disposiciones
vigentes, o que afecten los intereses de otras comunidades o los generales del
país;
q) suspender los acuerdos y demás disposiciones de los consejos provinciales y
de los consejos de la administración municipal que no se ajusten a la
Constitución, las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y
demás disposiciones de los órganos superiores, o cuando afecten los intereses de
otras localidades o los generales del país, dando cuenta al Consejo de Estado o
a la Asamblea Municipal del Poder Popular, a los efectos que proceda según
corresponda;
r) revocar total o parcialmente las disposiciones que emitan los gobernadores
provinciales, cuando contravengan la Constitución, las leyes, los
decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones dictadas
por órganos competentes, o los que afecten los intereses de otras localidades o
los generales del país;
s) revocar total o parcialmente las disposiciones de los jefes de organismos de
la Administración Central del Estado, cuando contravengan las normas superiores
que les sean de obligatorio cumplimiento;
t) crear las comisiones que estime necesarias para facilitar el cumplimiento de
las tareas que le están asignadas;
u) designar o sustituir a los directivos y funcionarios de acuerdo con las
facultades que le confiere la ley;
v) someter a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del
Consejo de Estado su reglamento, y
w) las demás atribuciones que le confieran la Constitución, las leyes o le
encomiende la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado.
ARTÍCULO 138. El Consejo de Ministros tiene carácter colegiado y sus decisiones
son adoptadas por el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.
ARTÍCULO 139. El Consejo de Ministros se mantiene en funciones hasta tanto sea
designado el Gobierno en la nueva legislatura.
SECCIÓN SEGUNDA PRIMER MINISTRO
ARTÍCULO 140. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno de la República.
ARTÍCULO 141. El Primer Ministro es designado por la Asamblea Nacional del Poder
Popular, a propuesta del Presidente de la República, por un período de cinco
años.Para ser designado Primer Ministro se requiere el voto favorable de la
mayoría absoluta.
ARTÍCULO 142. El Primer Ministro es responsable ante la Asamblea Nacional del
Poder Popular y ante el Presidente de la República, a los cuales rinde cuenta e
informa de su gestión, de la del Consejo de Ministros o de su Comité Ejecutivo,
en las ocasiones que se le indique.
ARTÍCULO 143. Para ser Primer Ministro se requiere ser diputado a la Asamblea
Nacional del Poder Popular, haber cumplido treinta y cinco años de edad,
hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano
por nacimiento y no tener otra ciudadanía.
ARTÍCULO 144. Corresponde al Primer Ministro:
a) cumplir y velar por el respeto a la Constitución y las leyes;
b) representar al Gobierno de la República;
c) convocar y dirigir las sesiones del Consejo de Ministros o de su Comité
Ejecutivo;
d) atender y controlar el desempeñode las actividades de los organismos de la
Administración Central del Estado, de las entidades nacionales y de las
administraciones locales;
e) asumir, con carácter excepcional y temporalmente, la dirección de cualquier
organismo de la Administración Central del Estado;
f) solicitar al Presidente de la República que interese a los órganos
pertinentes la sustitución de los integrantes del Consejo de Ministros y, en
cada caso, proponer los sustitutos correspondientes;
g) ejercer el control sobre la labor de los jefes de los organismos de la
Administración Central del Estado;
h) impartir instrucciones a los gobernadores provinciales y controlar su
ejecución;
i) adoptar de forma excepcional decisiones sobre los asuntos
ejecutivo-administrativos competencia del Consejo de Ministros,
cuando el carácter apremiante de la situación o el tema a solucionar lo exijan,
informándole posteriormente a ese órgano o a su Comité Ejecutivo;
j) designar o sustituir a los directivos y funcionarios, de acuerdo con las
facultades que le confiere la ley;
k) firmar las disposiciones legales adoptadas por el Consejo de Ministros o por
su Comité Ejecutivo y disponer su publicación en la Gaceta Oficial de la
República;
l) crear comisiones o grupos de trabajo temporales para la realización de tareas
específicas, y
m)cualquier otra atribución que le asignen la Constitución y las leyes.
SECCIÓN TERCERA MIEMBROS DEL CONSEJO DE MINISTROS
ARTÍCULO 145. Corresponde a los miembros del Consejo de Ministros:
a) representar al Consejo de Ministros o a su Primer Ministro en las
circunstancias que así se disponga;
b) cumplir los acuerdos y demás disposiciones del Consejo de Ministros y su
Comité Ejecutivo que les correspondan e informar al respecto al Primer Ministro;
c) cumplir con las tareas que les asigne el Primer Ministro y ejercer las
atribuciones que, en cada caso, este les delegue;
d) dirigir los asuntos y tareas del ministerio u organismo a su cargo, dictando
las resoluciones y disposiciones necesarias;
e) dictar, cuando no sea atribución expresa de otro órgano estatal, las
disposiciones que se requieran para la ejecución y aplicación de las leyes,
decretos-leyes y otras disposiciones que les conciernen;
f) asistir a las sesiones del Consejo de Ministros, con voz y voto, y presentar
a este proyectos de leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, acuerdos o
cualquier otra proposición que estimen conveniente;
g) designar o sustituir a los directivos y funcionarios de acuerdo con las
facultades que les confiere la ley, y
h) cualquier otra atribución que les asignen la Constitución y las leyes.
SECCIÓN CUARTA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO
ARTÍCULO 146. El número, denominación, misión y funciones de los ministerios y
demás organismos que forman parte de la Administración Central del Estado son
determinados por la ley.
CAPÍTULO V TRIBUNALES DE JUSTICIA
ARTÍCULO 147. La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a
nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley
instituye. La ley establece los principales objetivos de la actividad judicial y
regula la organización de los tribunales; la jurisdicción y la extensión de su
competencia; la forma en que se constituyen para los actos de impartir justicia;
la participación de los jueces legos; los requisitos que deben reunir los
magistrados del Tribunal Supremo Popular y demás jueces; la forma de elección de
estos y las causas y procedimientos para la revocación o cese en el ejercicio de
sus funciones.
ARTÍCULO 148. Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales,
estructurados con independencia funcional de cualquier otro. El Tribunal Supremo
Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones son definitivas.
A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria, toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento
por todos los tribunales y, sobre la base de la experiencia de estos, imparte
instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial
uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.
ARTÍCULO 149. Los magistrados y jueces legos del Tribunal Supremo Popular son
elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular o, en su caso, por el
Consejo de Estado. La ley determina la elección de los demás jueces.
ARTÍCULO 150. Los magistrados y jueces, en su función de impartir justicia, son
independientes y no deben obediencia más que a la ley. Asimismo, son inamovibles
en su condición mientras no concurran causas legales para el cese o revocación
en sus funciones.
ARTÍCULO 151. Las sentencias y demás resoluciones firmes de los tribunales,
dictadas dentro de los límites de su competencia, son de obligatorio
cumplimiento por los órganos del Estado, las entidades y los ciudadanos, tanto
por los directamente afectados por ellos como por los que no teniendo interés
directo en su ejecución tengan que intervenir en esta.
ARTÍCULO 152. En los actos judiciales que participen jueces legos, estos tienen
iguales derechos y deberes que los jueces profesionales. El desempeño de sus
funciones judiciales, dada su importancia social, tiene prioridad con respecto a
su ocupación laboral habitual.
ARTÍCULO 153. En todos los tribunales las audiencias son públicas, a menos que
razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto a la persona
agraviada por el delito o a sus familiares, aconsejen celebrarlas a puertas
cerradas.
ARTÍCULO 154. El Tribunal Supremo Popular rinde cuenta ante la Asamblea Nacional
del Poder Popular de los resultados de su trabajo en la forma y con la
periodicidad que establece la ley.
ARTÍCULO 155. La facultad de revocación de los magistrados y jueces corresponde
al órgano que los elige.
CAPÍTULO VI FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ARTÍCULO 156. La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado que
tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el
ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como
velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás
disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los
ciudadanos. La ley determina los demás objetivos y funciones, así como la forma,
extensión y oportunidad en que la Fiscalía ejerce sus facultades.
ARTÍCULO 157. La Fiscalía General de la República constituye una unidad orgánica
indivisible y con independencia funcional, subordinada al Presidente de la
República. Al Fiscal General de la República corresponde la dirección y
reglamentación de la actividad de la Fiscalía en todo el territorio nacional.
Los órganos de la Fiscalía se organizan verticalmente en toda la nación, están
subordinados solamente a la Fiscalía General de la República y son
independientes de todo órgano local.
ARTÍCULO 158. El Fiscal General de la República y los vicefiscales generales son
elegidos y pueden ser revocados, según corresponda, por la Asamblea Nacional del
Poder Popular, o en su caso por el Consejo de Estado.
ARTÍCULO 159. La Fiscalía General de la República rinde cuenta de su gestión
ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en la forma y con la periodicidad
que establece la ley.
CAPÍTULO VII CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ARTÍCULO 160. La Contraloría General de la República es el órgano del Estado que
tiene como misión fundamental velar por la correcta y transparente
administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión
administrativa. La ley regula las demás funciones y aspectos relativos a su
actuación.
ARTÍCULO 161. La Contraloría General de la República tiene independencia
funcional respecto a cualquier otro órgano, está estructurada verticalmente en
todo el país y se subordina al Presidente de la República. El Contralor General
de la República es su máxima autoridad y le corresponde la dirección y
reglamentación de la actividad de la Contraloría en todo el territorio nacional.
ARTÍCULO 162. La Contraloría General de la República rinde cuenta de su gestión
ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en la forma y periodicidad prevista
en la ley.
ARTÍCULO 163. El Contralor General de la República y los vicecontralores
generales son elegidos o revocados, según corresponda, por la Asamblea Nacional
del Poder Popular o el Consejo de Estado.
CAPÍTULO VIII DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS
SECCIÓN PRIMERA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA
ARTÍCULO 164. La iniciativa de las leyes compete:
a) al Presidente de la República;
b) a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
c) al Consejo de Estado;
d) al Consejo de Ministros;
e) a las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
f) al Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las direcciones
nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales;
g) al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la
administración de justicia;
h) a la Fiscalía General de la República, en materia de su competencia;
i) a la Contraloría General de la República, en materia de su competencia;
j) al Consejo Electoral Nacional, en materia electoral, y
k) a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la
iniciativa como mínimo diez mil electores.
La ley establece el procedimiento para hacer efectivo su ejercicio.
SECCIÓN SEGUNDA DE LA ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR
ARTÍCULO 165. Las leyes y decretos-leyes que emitan la Asamblea Nacional del
Poder Popular o el Consejo de Estado, según corresponda, entran en vigor en la
fecha que, en cada caso, determine la propia disposición normativa. Las leyes,
decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos, resoluciones y demás
disposiciones de interés general que se emitan por los órganos competentes se
publican en la Gaceta Oficial de la República. La ley establece el procedimiento
para la elaboración, publicación y entrada en vigor de las disposiciones
normativas.
TÍTULO VII ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
ARTÍCULO 166. El territorio nacional, para los fines político-administrativos,
se divide en provincias y municipios; su número, límites y denominación se
establecen en la ley. La ley podrá establecer otras divisiones y atribuir
regímenes de subordinación administrativa y sistemas de regulación especiales a
municipios u otras demarcaciones territoriales que se determine, atendiendo a su
ubicación geográfica o importancia económica y social. En todos los casos se
garantiza la representación del pueblo por medio de los órganos del Poder
Popular. En los municipios pueden organizarse distritos administrativos, de
acuerdo con la ley.
ARTÍCULO 167. La provincia tiene personalidad jurídica propia a todos los
efectos legales y se organiza por la ley como nivel intermedio entre las
estructuras centrales del Estado y los municipios, con una extensión superficial
equivalente a la del conjunto de municipios comprendidos en su demarcación
territorial, bajo la dirección del Gobierno Provincial del Poder Popular.
ARTÍCULO 168. El municipio es la sociedad local, organizada por la ley, que
constituye la unidad política-administrativa primaria y fundamental de la
organización nacional; goza de autonomía y personalidad jurídica propias a todos
los efectos legales, con una extensión territorial determinada por necesarias
relaciones de vecindad, económicas y sociales de su población e intereses de la
nación, con el propósito de lograr la satisfacción de las necesidades locales.
Cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del Gobierno de la
República, en función del desarrollo económico y social de su territorio y otros
fines del Estado, bajo la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular.
ARTÍCULO 169. La autonomía del municipio comprende la elección o designación de
sus autoridades, la facultad para decidir sobre la utilización de sus recursos y
el ejercicio de las competencias que le corresponden, así como dictar acuerdos y
disposiciones normativas necesarias para el ejercicio de sus facultades, según
lo dispuesto en la Constitución y las leyes.
La autonomía se ejerce de conformidad con los principios de solidaridad,
coordinación y colaboración con el resto de los territorios del país, y sin
detrimento de los intereses superiores de la nación.
TÍTULO VIII ÓRGANOS LOCALES DEL PODER POPULAR
CAPÍTULO I GOBIERNO PROVINCIAL DEL PODER POPULAR
SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 170. En cada provincia rige un Gobierno Provincial del Poder Popular
que funciona en estrecha vinculación con el pueblo, conformado por un Gobernador
y un Consejo Provincial.
ARTÍCULO 171. El Gobierno Provincial del Poder Popular representa al Estado y
tiene como misión fundamental el desarrollo económico y social de su territorio,
conforme a los objetivos generales del país, y actúa como coordinador entre las
estructuras centrales del Estado y los municipios, para lo cual contribuye a la
armonización de los intereses propios de la provincia y sus municipios, y ejerce
las atribuciones y funciones reconocidas en la Constitución y las leyes.
ARTÍCULO 172. El Gobierno Provincial del Poder Popular coadyuva al desarrollo de
las actividades y al cumplimiento de los planes de las entidades establecidas en
su territorio que no le estén subordinadas, conforme a lo dispuesto en la
Constitución y las leyes.
ARTÍCULO 173. El Gobierno Provincial del Poder Popular en el ejercicio de sus
funciones y atribuciones no puede asumir ni interferir en las que, por la
Constitución y las leyes, se les confieren a los órganos municipales del Poder
Popular.
SECCIÓN SEGUNDA GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR PROVINCIAL
ARTÍCULO 174. El Gobernador es el máximo responsable ejecutivo-administrativo en
su provincia.
ARTÍCULO 175. El Gobernador es elegido por los delegados de las asambleas
municipales del Poder Popular correspondientes, a propuesta del Presidente de la
República, por el período de cinco años y de conformidad con el procedimiento
establecido en la ley.
ARTÍCULO 176. Para ser Gobernador se requiere ser ciudadano cubano por
nacimiento y no tener otra ciudadanía, haber cumplido treinta años de edad,
residir en la provincia y hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y
políticos.
ARTÍCULO 177. El Gobernador es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder
Popular, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Consejo Provincial,
a los que les rinde cuenta e informa de su gestión, en la oportunidad y sobre
los temas que le soliciten.
ARTÍCULO 178. El Gobernador organiza y dirige la Administración Provincial para
lo cual se asiste de la entidad administrativa correspondiente. La ley determina
la creación, estructura y funcionamiento de la Administración Provincial, así
como sus relaciones con los órganos nacionales y municipales del Poder Popular.
ARTÍCULO 179. Corresponde al Gobernador:
a) cumplir y hacer cumplir, en lo que le concierne, la Constitución y las leyes;
b) convocar y presidir las reuniones del Consejo Provincial;
c) dirigir, coordinar y controlar la labor de las estructuras organizativas de
la Administración Provincial y, en el marco de su competencia, dictar
disposiciones normativas y adoptar las decisiones que correspondan;
d) exigir y controlar el cumplimiento del plan de la economía y la ejecución del
presupuesto de la provincia, conforme a la política acordada por los órganos
nacionales competentes;
e) exigir y controlar el cumplimiento de los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial y urbano;
f) designar y sustituir a los directivos y funcionarios de la Administración
Provincial, y someter a la ratificación del Consejo Provincial aquellos casos
previstos por la ley;
g) presentar al Consejo de Ministros, previo acuerdo del Consejo Provincial, las
propuestas de políticas que contribuyan al desarrollo integral de la provincia;
h) poner en conocimiento del Consejo de Ministros, previo acuerdo del Consejo
Provincial, aquellas decisiones de los órganos de superior jerarquía que afecten
los intereses de la comunidad o considere extralimitan las facultades de quien
las adoptó;
i) suspender los acuerdos y disposiciones de los consejos de la Administración
Municipal, que no se ajusten a la Constitución, las leyes, decretos-leyes,
decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones de los órganos del
Estado, o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del
país, dando cuenta a la respectiva Asamblea Municipal del Poder Popular en la
primera sesión que celebre después de dicha suspensión;
j) revocar o modificar las disposiciones que sean adoptadas por las autoridades
administrativas provinciales a él subordinadas, que contravengan la
Constitución, las leyes y demás disposiciones vigentes, o que afecten los
intereses de otras comunidades o los generales del país;
k) crear comisiones o grupos temporales de trabajo;
l) disponer la publicación de los acuerdos del Consejo Provincial de interés
general y controlar su ejecución; y
m)las demás atribuciones que por esta Constitución o las leyes se le asignen.
ARTÍCULO 180. El Vicegobernador es elegido en la misma forma, por igual período
y se le exigen los mismos requisitos que al Gobernador.
ARTÍCULO 181. El Vicegobernador cumple las atribuciones que le delegue o asigne
el Gobernador. Asimismo, sustituye al Gobernador en caso de ausencia, enfermedad
o muerte, conforme al procedimiento previsto en la ley.
SECCIÓN TERCERA CONSEJO PROVINCIAL
ARTÍCULO 182. El Consejo Provincial es el órgano colegiado y deliberativo que
cumple las funciones previstas en esta Constitución y las leyes. Sus decisiones
son adoptadas por el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes. El
Consejo Provincial es presidido por el Gobernador e integrado por el
Vicegobernador, los presidentes y vicepresidentes de las asambleas locales del
Poder Popular correspondientes y los intendentes municipales.
ARTÍCULO 183. El Consejo Provincial celebra sus reuniones ordinarias con la
periodicidad que fija la ley, y las extraordinarias cuando las convoque el
Gobernador o las soliciten más de la mitad de sus integrantes.
ARTÍCULO 184. Corresponde al Consejo Provincial:
a) cumplir y hacer cumplir, en lo que le concierne, la Constitución, las leyes y
demás disposiciones de carácter general, así como sus acuerdos;
b) aprobar y controlar, en lo que le corresponda, el plan de la economía y el
presupuesto de la provincia;
c) adoptar acuerdos en el marco de la Constitución y las leyes;
d) orientar y coordinar en el territorio las actividades políticas, económicas,
culturales, científicas, sociales, de la defensa y el orden interior, que por el
Estado se dispongan;
e) evaluar los resultados de la gestión de las administraciones municipales y
aprobar las acciones a realizar;
f) aprobar las propuestas de políticas que contribuyen al desarrollo integral de
la provincia, antes de su presentación al Consejo de Ministros;
g) pronunciarse, a solicitud del Gobernador, sobre aquellas decisiones de los
órganos competentes que afectan los intereses de la comunidad o considere
extralimitan la facultad de quien las adoptó;
h) analizar periódicamente la atención brindada por las entidades radicadas en
su territorio a los planteamientos de los electores y las quejas y peticiones de
la población;
i) hacer recomendaciones al Gobernador sobre su informe de rendición de cuenta y
otros temas que este le consulte;
j) proponer al Consejo de Estado la suspensión de los acuerdos o disposiciones
de las asambleas municipales del Poder Popular de su demarcación, cuando
contravengan las normas legales superiores o afecten los intereses de la
comunidad;
k) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular la revocación o
modificación de los acuerdos o disposiciones de las asambleas municipales del
Poder Popular de su demarcación, cuando contravengan las normas legales
superiores o afecten los intereses de la comunidad;
l) crear comisiones o grupos temporales de trabajo, y
m)las demás atribuciones que la Constitución o las leyes le asignen.
CAPÍTULO II ÓRGANOS MUNICIPALES DEL PODER POPULAR
SECCIÓN PRIMERA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR
ARTÍCULO 185. La Asamblea Municipal del Poder Popular es el órgano superior del
poder del Estado en su demarcación y, en consecuencia, está investida de la más
alta autoridad en su territorio; para ello, dentro del marco de su competencia,
ejerce las atribuciones que la Constitución y las leyes le asignan.
ARTÍCULO 186. La Asamblea Municipal del Poder Popular está integrada por los
delegados elegidos en cada circunscripción en que a los efectos electorales se
divide su territorio, mediante el voto libre, igual, directo y secreto de los
electores.
ARTÍCULO 187. La Asamblea Municipal del Poder Popular se renovará cada cinco
años, que es el período de duración del mandato de sus delegados. Dicho mandato
solo podrá extenderse por decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en
los supuestos previstos en la Constitución.
ARTÍCULO 188. La Asamblea Municipal del Poder Popular, al constituirse, elige de
entre sus delegados a su Presidente y Vicepresidente, y designa a su Secretario,
de conformidad con los requisitos y el procedimiento previsto en la ley. El
Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular representa al Estado en su
demarcación territorial.
La ley establece las atribuciones del Presidente, del Vicepresidente y del
Secretario de la Asamblea Municipal del Poder Popular.
ARTÍCULO 189. Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Municipal
del Poder Popular son públicas, salvo en el caso que esta acuerde celebrarlas a
puertas cerradas, por razón de interés de Estado o porque se traten en ellas
asuntos referidos al decoro de las personas.
ARTÍCULO 190. En las sesiones de la Asamblea Municipal del Poder Popular se
requiere para su validez la presencia de más de la mitad del número total de sus
integrantes. Sus acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos.
ARTÍCULO 191. Corresponde a la Asamblea Municipal del Poder Popular:
a) cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y demás disposiciones
normativas de carácter general;
b) aprobar y controlar, en lo que le corresponda, el plan de la economía, el
presupuesto y el plan de desarrollo integral del municipio;
c) aprobar el plan de ordenamiento territorial y urbano, y controlar su
cumplimiento;
d) elegir, designar, revocar o sustituir al Presidente, al Vicepresidente y al
Secretario de la propia Asamblea, según corresponda;
e) designar o sustituir al Intendente Municipal, a propuesta del Presidente de
la propia Asamblea;
f) designar o sustituir al resto de los miembros del Consejo de la
Administración Municipal, a propuesta de su Intendente;
g) adoptar acuerdos y dictar disposiciones normativas en el marco de su
competencia, sobre asuntos de interés municipal y controlar su cumplimiento;
h) controlar y fiscalizar la actividad del Consejo de la Administración del
Municipio, auxiliándose para ello de sus comisiones de trabajo, sin perjuicio de
las actividades de control a cargo de otros órganos y entidades;
i) organizar y controlar, en lo que le concierne y conforme a lo establecido por
el Consejo de Ministros o el Gobierno Provincial, el funcionamiento y las tareas
de las entidades encargadas de realizar, entre otras, las actividades
económicas, de producción y servicios, de salud, asistenciales, de prevención y
atención social, científicas, educacionales, culturales, recreativas, deportivas
y de protección del medio ambiente en el municipio;
j) exigir y controlar el cumplimiento de la legalidad, así como el
fortalecimiento del orden interior y la capacidad defensiva del país, en su
territorio;
k) proponer al Consejo de Ministros o al Gobernador, según el caso, la
revocación de decisiones adoptadas por órganos o autoridades subordinadas a
estos;
l) revocar o modificar las decisiones adoptadas por los órganos o autoridades
que le están subordinados, cuando contravengan las normas legales superiores,
afecten los intereses de la comunidad, o extralimiten las facultades de quien
las adoptó;
m)aprobar la creación de los consejos populares del municipio, previa consulta
al Consejo de Estado;
n) coadyuvar, de conformidad con lo previsto en la ley, a la ejecución de las
políticas del Estado en su demarcación, así como al desarrollo de las
actividades de producción y servicios de las entidades radicadas en su
territorio que no les estén subordinadas;
ñ) crear comisiones de trabajo y aprobar los lineamientos generales para su
labor, y
o) cualquier otra atribución que le asigne esta Constitución y las leyes.
ARTÍCULO 192. La Asamblea Municipal del Poder Popular para el ejercicio de sus
funciones se apoya en sus comisiones de trabajo, en los consejos populares, en
la iniciativa y amplia participación de la población, y actúa en estrecha
coordinación con las organizaciones de masas y sociales.
SECCIÓN SEGUNDA DELEGADOS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR
ARTÍCULO 193. Los delegados cumplen el mandato que les han conferido sus
electores, en interés de toda la comunidad, para lo cual deberán compartir estas
funciones, con sus responsabilidades y tareas habituales. La ley regula la forma
en que se desarrollan estas funciones.
ARTÍCULO 194. Los delegados tienen los derechos siguientes:
a) participar con voz y voto en las sesiones de la Asamblea Municipal y en las
reuniones de las comisiones y consejos populares de que formen parte;
b) solicitar información al Presidente, Vicepresidente y Secretario de la
Asamblea Municipal, a los miembros de las comisiones y al Consejo de la
Administración sobre temas relevantes para el ejercicio de sus funciones y
obtener respuesta en la propia sesión o lo antes posible;
c) solicitar la atención e información de las entidades radicadas en el
territorio respecto a situaciones o problemas que afecten a sus electores, y
estas vienen obligadas a responder con la debida prontitud, y
d) cualquier otro que les reconozcan la Constitución y las leyes.
ARTÍCULO 195. Los delegados tienen los deberes siguientes:
a) mantener una relación permanente con sus electores, promoviendo la
participación de la comunidad en la solución de sus problemas;
b) dar a conocer a la Asamblea Municipal y a la administración de la localidad
las opiniones, necesidades y dificultades que les trasmitan sus electores, y
trabajar en función de gestionar su solución, en lo que les corresponda;
c) informar a los electores sobre la política que sigue la Asamblea Municipal y
las medidas adoptadas en atención a sus opiniones y para la solución de las
necesidades planteadas por la población o las dificultades para resolverlas;
d) rendir cuenta periódicamente a sus electores de su gestión, conforme a lo
establecido en la ley, e informar a la Asamblea, a la Comisión y al Consejo
Popular a que pertenezcan sobre el cumplimiento de las tareas que les hayan sido
encomendadas, cuando estos lo reclamen, y
e) cualquier otro que le reconozcan la Constitución y las leyes.
ARTÍCULO 196. El mandato de los delegados es revocable en todo momento. La ley
determina la forma, las causas y los procedimientos para su revocación.
SECCIÓN TERCERA COMISIONES DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR
ARTÍCULO 197. Las comisiones permanentes de trabajo son constituidas por la
Asamblea Municipal del Poder Popular atendiendo a los intereses específicos de
su localidad, para que la auxilie en la realización de sus actividades y
especialmente para ejercer el control a las entidades de subordinación
municipal. Del mismo modo, las comisiones pueden solicitar a entidades de otros
niveles de subordinación, que se encuentren radicadas en su demarcación
territorial que les informen sobre aspectos que inciden directamente en la
localidad. Las comisiones de carácter temporal cumplen las tareas específicas
que les son asignadas dentro del término que se les señale.
SECCIÓN CUARTA CONSEJO POPULAR
ARTÍCULO 198. El Consejo Popular es un órgano local del Poder Popular de
carácter representativo, investido de la más alta autoridad para el desempeño de
sus funciones y, sin constituir una instancia intermedia a los fines de la
división político-administrativa, se organiza en ciudades, pueblos, barrios,
poblados y zonas rurales; lo integran los delegados elegidos en las
circunscripciones de su demarcación, los cuales deben elegir de entre ellos a
quien lo presida. A las reuniones del Consejo Popular pueden invitarse, según
los temas y asuntos a tratar, representantes de las organizaciones de masas y
sociales y de las entidades más importantes en la demarcación, con el objetivo
principal de fortalecer la coordinación y el esfuerzo colectivo en beneficio de
la comunidad, siempre desde las funciones propias que a cada cual corresponden.
ARTÍCULO 199. El Consejo Popular representa a la población de la demarcación
donde actúa y a la vez a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Ejerce el
control sobre las entidades de producción y servicios de incidencia local, y
trabaja activamente para la satisfacción, entre otras, de las necesidades de la
economía, de salud, asistenciales, educacionales, culturales, deportivas y
recreativas, así como en las tareas de prevención y atención social, promoviendo
la participación de la población y las iniciativas locales para su consecución.
La ley regula la organización y atribuciones del Consejo Popular.
SECCIÓN QUINTA GARANTÍAS A LOS DERECHOS DE PETICIÓN Y PARTICIPACIÓN POPULAR
LOCAL
ARTÍCULO 200. La Asamblea Municipal del Poder Popular, a los efectos de
garantizar los derechos de petición y de participación ciudadana:
a) convoca a consulta popular asuntos de interés local en correspondencia con
sus atribuciones;
b) garantiza la correcta atención a los planteamientos, quejas y peticiones de
la población;
c) garantiza el derecho de la población del municipio a proponerle el análisis
de temas de su competencia;
d) mantiene un adecuado nivel de información a la población sobre las decisiones
de interés general que se adoptan por los órganos del Poder Popular;
e) analiza, a petición de los ciudadanos, los acuerdos y disposiciones propias o
de autoridades municipales subordinadas, por estimar aquellos que estos lesionan
sus intereses, tanto individuales como colectivos, y adopta las medidas que
correspondan, y
f) ejecuta, en el marco de su competencia, cualquier otra acción que resulte
necesaria a fin de garantizar estos derechos.
La ley establece la forma y el ejercicio de estas garantías.
SECCIÓN SEXTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ARTÍCULO 201. La Administración Municipal tiene como objetivo esencial
satisfacer, entre otras, las necesidades de la economía, de salud,
asistenciales, educacionales, culturales, deportivas y recreativas de la
colectividad del territorio a que se extiende su jurisdicción, así como ejecutar
las tareas relativas a la prevención y atención social.
La ley determina la organización, estructura y funcionamiento de la
Administración Municipal.
ARTÍCULO 202. El Consejo de la Administración es designado por la Asamblea
Municipal del Poder Popular, a la que se le subordina y rinde cuenta. Su
composición, integración y funciones se establecen en la ley.
ARTÍCULO 203. El Consejo de la Administración Municipal es presidido por el
Intendente, tiene carácter colegiado, desempeña funciones
ejecutivo-administrativas y dirige la Administración Municipal.
TÍTULO IX SISTEMA ELECTORAL
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 204. Todos los ciudadanos, con capacidad legal para ello, tienen
derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o por
intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del Poder
Popular y a participar, con ese propósito, en la forma prevista en la ley, en
elecciones periódicas, plebiscitos y referendos populares, que serán de voto
libre, igual, directo y secreto. Cada elector tiene derecho a un solo voto.
ARTÍCULO 205. El voto es un derecho de los ciudadanos. Lo ejercen
voluntariamente los cubanos, hombres y mujeres, mayores de dieciséis años de
edad, excepto:
a) Las personas que por razón de su discapacidad tengan restringido
judicialmente el ejercicio de la capacidad jurídica;
b) los inhabilitados judicialmente, y
c) los que no cumplan con los requisitos de residencia en el país previstos en
la ley.
ARTÍCULO 206. El Registro de Electores tiene carácter público y permanente; lo
conforman de oficio todos los ciudadanos con capacidad legal para ejercer el
derecho al voto, de conformidad con lo previsto en la ley.
ARTÍCULO 207. Tienen derecho a ser elegidos los ciudadanos cubanos, hombres y
mujeres, que se hallen en el pleno goce de sus derechos políticos y que cumplan
con los demás requisitos previstos en la ley. Si la elección es para diputados a
la Asamblea Nacional del Poder Popular deben, además, ser mayores de dieciocho
años de edad.
ARTÍCULO 208. Los miembros de las instituciones armadas tienen derecho a elegir
y a ser elegidos, igual que los demás ciudadanos.
ARTÍCULO 209. La ley determina la cantidad de diputados que integran la Asamblea
Nacional del Poder Popular y de delegados que componen las asambleas municipales
del Poder Popular, en proporción al número de habitantes de las respectivas
demarcaciones en que, a los efectos electorales, se divide el territorio
nacional. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y los delegados
a las asambleas municipales del Poder Popular se eligen por el voto libre,
igual, directo y secreto de los electores. La ley regula el procedimiento para
su elección.
ARTÍCULO 210. Para que se considere elegido un diputado o un delegado es
necesario que haya obtenido más de la mitad del número de votos válidos emitidos
en la demarcación electoral de que se trate. De no concurrir esta circunstancia,
o en los demás casos de plazas vacantes, la ley regula la forma en que se
procederá.
CAPÍTULO II CONSEJO ELECTORAL NACIONAL
ARTÍCULO 211. El Consejo Electoral Nacional es el órgano del Estado que tiene
como misión fundamental organizar, dirigir y supervisar las elecciones,
consultas populares, plebiscitos y referendos que se convoquen. Tramita y
responde las reclamaciones que en esta materia se establezcan, así como cumple
las demás funciones reconocidas en la Constitución y las leyes. El Consejo
Electoral Nacional garantiza la confiabilidad, transparencia, celeridad,
publicidad, autenticidad e imparcialidad de los procesos de participación
democrática.
ARTÍCULO 212. El Consejo Electoral Nacional tiene independencia funcional
respecto a cualquier otro órgano y responde por el cumplimiento de sus funciones
ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Asimismo, una vez culminado cada
proceso electoral, informa de su resultado a la nación.
ARTÍCULO 213. El Consejo Electoral Nacional está integrado por el Presidente, el
Vicepresidente, el Secretario y los vocales previstos en la ley. Los integrantes
del Consejo Electoral Nacional son elegidos y revocados, según corresponda, por
la Asamblea Nacional del Poder Popular o, en su caso, por el Consejo de Estado.
ARTÍCULO 214. La organización, funcionamiento, integración y designación de las
autoridades electorales, a todos los niveles, se regula en la ley. No pueden ser
miembros de los órganos electorales los que resulten nominados u ocupen cargos
de elección popular.
ARTÍCULO 215. El Consejo Electoral Nacional controla la confección y
actualización del Registro Electoral, de conformidad con lo establecido en la
ley.
ARTÍCULO 216.Todos los órganos estatales, sus directivos y funcionarios, así
como las entidades, están obligados a colaborar con el Consejo Electoral
Nacional en el ejercicio de sus funciones.
TÍTULO X DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 217. El Estado cubano fundamenta su política de Defensa y Seguridad
Nacional en la salvaguarda de la independencia, la integridad territorial, la
soberanía y la paz sobre la base de la prevención y enfrentamiento permanente a
los riesgos, amenazas y agresiones que afecten sus intereses. Su concepción
estratégica de defensa se sustenta en la Guerra de Todo el Pueblo.
CAPÍTULO II CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL
ARTÍCULO 218. El Consejo de Defensa Nacional es el órgano superior del Estado,
que tiene como misión fundamental organizar, dirigir y preparar al país, desde
tiempo de paz, para su defensa, y velar por el cumplimiento de las normativas
vigentes relativas a la defensa y seguridad de la nación. Durante las
situaciones excepcionales y de desastre dirige al país y asume las atribuciones
que le corresponden a los órganos del Estado, con excepción de la facultad
constituyente.
ARTÍCULO 219. El Consejo de Defensa Nacional está integrado por el Presidente de
la República, que lo preside, quien, a su vez, designa a un Vicepresidente y a
los demás miembros que determine la ley. La ley regula la organización y
funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional y de sus estructuras a los
diferentes niveles.
CAPÍTULO III INSTITUCIONES ARMADAS DEL ESTADO
ARTÍCULO 220. Las instituciones armadas del Estado son las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y las formaciones armadas del Ministerio del Interior, las que
para el cumplimiento de sus funciones cuentan con la participación de personal
militar y civil. La ley regula la organización y funcionamiento de estas
instituciones, así como el servicio militar que los ciudadanos deben prestar.
ARTÍCULO 221. Las instituciones armadas tienen como misión esencial proteger y
mantener la independencia y soberanía del Estado, su integridad territorial, su
seguridad y la paz.
CAPÍTULO IV SITUACIONES EXCEPCIONALES Y DE DESASTRE
ARTÍCULO 222. En interés de garantizar la defensa y la seguridad nacional, en
caso de producirse una agresión militar o ante la inminencia de ella u otras
circunstancias que las afecten, pueden decretarse de forma temporal, en todo el
país, según corresponda, las situaciones excepcionales del Estado de Guerra o la
Guerra, la Movilización General y el Estado de Emergencia, esta última también
puede decretarse en una parte del territorio nacional. La ley regula la forma en
que se declaran las situaciones excepcionales, sus efectos y terminación.
ARTÍCULO 223. Ante la ocurrencia de desastres, cualquiera que sea su naturaleza,
en cuyas circunstancias se afecte la población o la infraestructura social y
económica, en magnitud tal que supere la capacidad habitual de respuesta y
recuperación del país o del territorio afectado, se puede decretar la Situación
de Desastre. La ley regula lo concerniente al establecimiento, efectos y
terminación de las situaciones de desastre.
ARTÍCULO 224. Durante la vigencia de las situaciones excepcionales y de
desastre, la ley determina los derechos y deberes reconocidos por la
Constitución, cuyo ejercicio debe ser regulado de manera diferente.
ARTÍCULO 225. El Consejo de Defensa Nacional, una vez restablecida la normalidad
en el país, rinde cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular de sus
decisiones y gestión durante ese período.
TÍTULO XI REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
ARTÍCULO 226. Esta Constitución solo puede ser reformada por la Asamblea
Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por
una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus
integrantes.
ARTÍCULO 227. Tienen iniciativa para promover reformas a la Constitución:
a) el Presidente de la República;
b) el Consejo de Estado;
c) el Consejo de Ministros;
d) los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, mediante proposición
suscrita por no menos de la tercera parte de sus integrantes;
e) el Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y las direcciones
nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales, y
f) los ciudadanos, mediante petición dirigida a la Asamblea Nacional del Poder
Popular, suscrita ante el Consejo Electoral Nacional, como mínimo por cincuenta
mil electores.La ley establece el procedimiento, los requisitos y garantías para
su solicitud y realización.
ARTÍCULO 228. Cuando la reforma se refiera a la integración y funciones de la
Asamblea Nacional del Poder Popular o del
Consejo de Estado, a las atribuciones o al período de mandato del Presidente de
la República, a los derechos, deberes y garantías consagrados en la
Constitución, se requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la
mayoría de los electores en referendo convocado a tales efectos.
ARTÍCULO 229. En ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la
irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el Artículo 4, y la
prohibición de negociar bajo las circunstancias previstas en el inciso a) del
Artículo 16.
DISPOSICIONES ESPECIALES
PRIMERA: Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de la IX
Legislatura se mantienen en sus cargos hasta tanto concluya su mandato.
SEGUNDA: Se extiende el mandato actual de los delegados a las asambleas
municipales del Poder Popular hasta cinco años, contados a partir de la fecha de
su constitución.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Antes del plazo de seis meses, después de haber entrado en vigor la
presente Constitución, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba una nueva
Ley Electoral, en la que regule la elección de los diputados a la Asamblea
Nacional, su Presidente, Vicepresidente y Secretario; el Consejo de Estado, el
Presidente y Vicepresidente de la República,
los miembros del Consejo Electoral Nacional, los gobernadores y vicegobernadores
provinciales, los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, su
Presidente y Vicepresidente.
SEGUNDA: Luego de aprobada la Ley Electoral, la Asamblea Nacional del Poder
Popular, en el plazo de tres meses, elige de entre sus diputados, a su
Presidente, Vicepresidente y Secretario, a los demás miembros del Consejo de
Estado, y al Presidente y Vicepresidente de la República.
TERCERA: Una vez elegido, el Presidente de la República, en el plazo de tres
meses, propone a la Asamblea Nacional del Poder
Popular la designación del Primer Ministro, Viceprimeros Ministros, el
Secretario y demás miembros del Consejo de Ministros.
CUARTA: Las asambleas provinciales del Poder Popular se mantienen en sus
funciones hasta tanto tomen posesión de sus cargos los gobernadores,
vicegobernadores y los consejos provinciales.
QUINTA: El Presidente de la República, una vez elegido y en el plazo de tres
meses, propone a las asambleas municipales del Poder Popular respectivas, la
elección por sus delegados de los gobernadores y vicegobernadores provinciales.
SEXTA: Las asambleas municipales del Poder Popular, en el plazo de tres meses,
designan con posterioridad a la elección de los gobernadores y vicegobernadores
provinciales, a aquellos que van a ocupar los cargos de intendentes.
SÉPTIMA: La Asamblea Nacional del Poder Popular en el plazo de un año, luego de
la entrada en vigor de la Constitución, aprueba su reglamento y el del Consejo
de Estado.
OCTAVA: El Consejo de Ministros en el plazo de dos años de vigencia de la
Constitución, presenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de
nuevo reglamento de ese órgano y el de los gobiernos provinciales.
NOVENA: La Asamblea Nacional del Poder Popular en el plazo de dos años de
vigencia de la Constitución, aprueba el reglamento de las asambleas municipales
del Poder Popular y de sus consejos de la administración.
DÉCIMA: El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en el plazo de
dieciocho meses de entrada en vigor de la Constitución, presenta a la Asamblea
Nacional del Poder Popular el proyecto de nueva Ley de los Tribunales Populares,
ajustado a los cambios que en la presente Constitución se establecen, así como
las propuestas de modificaciones a la Ley de Procedimiento Penal y a la Ley de
Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, que correspondan.
DECIMOPRIMERA: Atendiendo a los resultados de la Consulta Popular realizada, la
Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, en el plazo de dos años de
vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo
del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir
el matrimonio.
DECIMOSEGUNDA: La Asamblea Nacional del Poder Popular, en el plazo de dieciocho
meses de entrada en vigor de la Constitución, aprueba las modificaciones
legislativas requeridas para hacer efectivo lo previsto en su Artículo 99,
referido a la posibilidad de los ciudadanos de acceder a la vía judicial para
reclamar sus derechos.
DECIMOTERCERA: La Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba, en el plazo de un
año de entrada en vigor de la Constitución, un cronograma legislativo que dé
cumplimiento a la elaboración de las leyes que desarrollan los preceptos
establecidos en esta Constitución.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Se deroga la Constitución de la República de Cuba, de 24 de febrero de
1976, tal como quedó redactada por las reformas de 1978, 1992 y 2002.
SEGUNDA: La presente Constitución entra en vigor, una vez proclamada, a partir
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.
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